El Congreso Nacional ordenó al Consejo Nacional Electoral culminar de forma inmediata el conteo de las actas correspondientes al escrutinio especial en los tres niveles electivos: presidencial, diputaciones y corporaciones municipales, al considerar que el proceso quedó inconcluso.
El Legislativo advirtió que el respeto a la voluntad popular exige la revisión total de las actas con inconsistencias, a fin de garantizar resultados legítimos y conforme a la Constitución; de no proceder, el Congreso procederá a realizar el conteo.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Congreso Nacional, en sesión extraordinaria, aprobó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) concluya el conteo de las actas correspondientes al escrutinio especial que no fueron procesadas durante las elecciones generales, al considerar que el proceso quedó inconcluso y vulneró principios de legalidad y transparencia.
De acuerdo con lo aprobado por el Legislativo, el escrutinio pendiente comprende 306 actas a nivel presidencial, equivalentes al 1.6 por ciento, con una carga electoral de 132 mil votos; 2,620 actas a nivel de diputados, que representan el 13 por ciento, con 828,656 votos; y 1,848 actas a nivel municipal, es decir, el 9.65 por ciento, con una carga electoral cercana a los 598 mil votos.
El Congreso advirtió que, si el CNE no procede a culminar el escrutinio especial, será el propio Poder Legislativo el que asuma esa responsabilidad, amparado en lo que establece la Constitución de la República.
Asimismo, instó al Ministerio Público a reducir las acciones penales contra el órgano electoral, señalando que el problema central radica en la omisión de completar el conteo total de las actas.
“Una burla al pueblo hondureño”
Durante el debate, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, manifestó que en el proceso electoral se produjo una usurpación de funciones, al no aplicarse el uso obligatorio del lector biométrico, pese a que esa disposición fue aprobada desde el Legislativo y contaba con presupuesto asignado.
“Hubo un presupuesto para esto y es una burla para el pueblo hondureño que, por decisión de dos consejeras, no se haya utilizado el lector biométrico y se haya pretendido reformar la ley mediante una simple resolución”, expresó.
El congresista registró que 12 horas antes de la elección el órgano electoral decidió eliminar esa obligatoriedad que ya había sido instruida y determinada.
El titular del Legislativo también cuestionó el irrespeto a los consensos alcanzados en el Congreso para definir el orden de presidencia de los órganos electorales, los cuales —según indicó— fueron publicados en el diario oficial La Gaceta y luego desconocidos.
“A la hora se puso de acuerdo la representante del Partido Liberal y del Partido Nacional para decidir entre ellas el orden de presidencia; tuvieron que poner a Ana Paola Hall por su experiencia, pusieron una inexperta [Cossette López] en el primer año; las consecuencias de esto fueron terribles”, expresó.
Mismo patrón que fraude 2017
Redondo además comparó las elecciones generales de 2025 con las de 2017, señalando que en ambos procesos se registraron múltiples caídas del sistema de transmisión de resultados.
“La democracia no se mide por la rapidez de los resultados, sino por la transparencia y el respeto a la voluntad popular. Cada voto cuenta y no debe ser descartado”, afirmó.
Además, indicó que en la declaratoria parcial quedó en evidencia que el órgano electoral no culminó el conteo total de las actas sometidas a escrutinio especial, dejando pendientes resultados clave que debían ser revisados conforme a ley.
En ese sentido, advirtió que la legitimidad de un proceso electoral solo puede sostenerse respetando la Constitución, le guste o no a quienes están acostumbrados a irrespetarla y luego guardar silencio.
“Si no corregimos los resultados como establece la ley, les garantizo que los ciudadanos perderán la confianza en cualquier proceso electoral; será la historia la que nos juzgue por los hechos que hagamos”, puntualizó.
Sesiones ilegales
El diputado Ramón Barrios, quien dio lectura al informe de auditoría electoral, sostuvo que las sesiones virtuales del pleno del CNE carecieron de legalidad, al no existir una normativa vigente que las autorizara.
“No solo constituyó una violación al principio de legalidad, sino que comprometió la legitimidad del órgano electoral para la preservación del orden; fue un claro ejemplo de que se violentó la voluntad popular”, indicó.
Barrios recordó que el artículo 24 de la Ley Electoral establece que la declaratoria de elecciones debe realizarse a más tardar el 30 de noviembre, y comunicarse a los demás órganos del Estado.
Añadió que diversos partidos políticos interpusieron recursos de revisión que el CNE debía conocer e iniciar mediante el escrutinio especial, lo cual no ocurrió.
El legislador enfatizó que el órgano electoral emitió una declaratoria sin haber escrutado las 19,667 actas, incluyendo aquellas con inconsistencias, lo que —dijo— impide considerar concluido el proceso.
Citó el artículo 205, numeral 7, de la Constitución, que faculta al Congreso Nacional a realizar el escrutinio y la declaratoria cuando el órgano electoral no lo hace.
“Esto no es una intromisión arbitraria, sino una cláusula constitucional para evitar que la soberanía popular quede suspendida por la inacción del CNE”, expresó Barrios, al señalar que un escrutinio inconcluso no cumple con los principios de certeza y legalidad.
Además, sostuvo que la declaratoria emitida por el CNE carece de base jurídica suficiente, al no haberse resuelto todas las impugnaciones ni concluido el conteo total, y afirmó que el Congreso actuará de manera supletoria para garantizar un cierre legítimo del proceso, con veeduría de todos los actores políticos involucrados.
Puntualizó señalando que dicha declaratoria habría violado los artículos 295, 297 y 298 de la Ley Electoral, así como disposiciones constitucionales relacionadas con el proceso electoral.
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