El consejero Marlon Ochoa denunció que un video recortado distorsiona su exposición ante el G16+, donde presentó graves señalamientos sobre injerencia externa, coacción criminal y alteraciones al sistema electoral, hechos que asegura deben ser conocidos por toda la ciudadanía.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El consejero electoral, Marlo Ochoa, emitió un comunicado donde aclaró la información relacionada a un video que se divulgó en medios tradicionales, en donde afirma que milita en un partido político el cual, en los recientes comicios generales, no fue favorecido en cuanto a la elección presidencial.
Sin embargo, explicó que su exposición fue descontextualizada para hacerlo parecer que esta desinteresado en continuar con el proceso electoral. Pero aclaró que lo que transmitió –durante la reunión con el cuerpo diplomático del G16+– fue su motivación apartidaria y la obligación, como funcionario electoral, de denunciar las irregularidades ocurridas antes, durante y después de los comicios.
Ochoa detalló ante el G16+ hechos que considera extraordinarios en su gravedad. Entre ellos, señaló la intervención pública del expresidente estadounidense Donald Trump, quien —a un día de la elección y durante el silencio electoral— pidió votar por un candidato específico e incluso vinculó el proceso con el indulto a un narcotraficante.
Asimismo, según el consejero, este mensaje generó “una ola de presión” en la diáspora hondureña, provocando que miles llamaran a sus familias advirtiendo que, si ganaba la candidata oficialista, se detendrían las remesas y el país sería señalado como “Estado comunista”.
Por otro lado, esa injerencia se sumaron denuncias de coacción criminal. Ochoa afirmó que estructuras de la Mara Salvatrucha presionaron a votar por el Partido Nacional en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma y Villanueva.
El sistema 911 registró más de 800 reportes de intimidación, incluyendo amenazas dentro de centros de votación, miembros de maras integrando juntas receptoras, retención de identidades e incluso desapariciones no registradas oficialmente.
También denunció decisiones administrativas que, a su criterio, alteraron el control electoral. Explicó que, un día antes de la elección, dos consejeras deshabilitaron la regla que impedía sumar actas con más votos que personas registradas en el biométrico. Esto derivó en que 17,081 actas presidenciales no coincidieran con el registro de huellas y que más de 1.7 millones de votos carecieran de validación biométrica. “Esto cambió la naturaleza de la elección”, sostuvo.
Además, 2.2 millones de hondureños recibieron mensajes falsos indicando que el Pleno había decidido no usar el biométrico, lo que —según Ochoa— fue replicado dentro de centros de votación para inducir a los electores a saltar este requisito.
Durante la elección, también se reportaron fallas en las telecomunicaciones y recomendaciones de retirar tarjetas SIM de los equipos, indicaciones que él rechazó por comprometer la transmisión de datos.
Las anomalías continuaron tras el cierre de urnas. Ochoa aseguró que la empresa Grupo ASD recibió más de 16,600 actas, pero no las procesó oportunamente. El primer boletín del CNE se emitió con solo el 57% de actas contabilizadas, pese a que ya había ingresado el 79%. Más de 40 horas de retención sin explicación técnica, discrepancias entre archivos del CNE y los partidos, y una auditoría que encontró miles de archivos distintos reforzaron las sospechas de alteraciones.
El hallazgo más grave, según Ochoa, fue que el código fuente en producción no coincidía con el autorizado y sellado antes de la elección, violando la Ley Electoral. A ello se sumaron caídas constantes de la plataforma, sumatorias irregulares y resultados que ningún partido ha logrado replicar.
Ochoa cerró afirmando que la ciudadanía merece conocer todo lo ocurrido: “Lo que ha pasado antes, durante y después de la elección debe ser del conocimiento público”.
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