Diputados del bipartidismo —Partido Nacional y Liberal— se autoconvocaron este martes 28 de octubre para instalar una sesión legislativa con el fin de extender el periodo ordinario del Congreso Nacional.
Expertos constitucionalistas advirtieron a EL LIBERTADOR que la acción carece de sustento legal al violar la autoridad exclusiva de la Junta Directiva del Congreso Nacional.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Diputados del Partido Nacional y Liberal realizaron esta tarde una autoconvocatoria y celebraron una sesión en las afueras del hemiciclo legislativo, bajo el argumento de que la Junta Directiva no había convocado oportunamente para la ampliación del periodo ordinario de sesiones.
La acción ocurre apenas un día después de que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, advirtiera que cualquier intento de autoconvocatoria sin el aval de la Junta Directiva constituye una violación a la Constitución de la República y podría derivar en responsabilidad penal.
Según un análisis jurídico hecho a EL LIBERTADOR por expertos juristas, la figura de la autoconvocatoria está contemplada en la Constitución de la República cuando la Junta Directiva no cumple con su deber o existe un bloqueo para sesionar; no obstante, los especialistas enfatizan que esa facultad no confiere autoridad para dirigir ni validar una sesión legislativa sin la presencia de la Junta Directiva en funciones.
DE INTERÉS: REDONDO DEFIENDE ORDEN CONSTITUCIONAL ANTE INTENTO BIPARTIDISTA DE SESIONAR ILEGALMENTE EN CONGRESO
El análisis sostiene que “solo la Junta Directiva legítimamente electa puede conducir, abrir y validar sesiones en el Congreso Nacional, conforme al artículo 191 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo”, de modo que cualquier resolución adoptada fuera de ese marco carece de efectos jurídicos plenos.
Los expertos enfatizan que la legalidad de la sesión realizada por los diputados autoconvocados no puede declararse ni legal ni ilegal de inmediato, ya que su validez dependerá de instancias como la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, facultada para dirimir los conflictos entre poderes del Estado.
El hecho ha despertado distintas reacciones. El analista político Héctor Maradiaga consideró que los recientes movimientos en el ámbito político forman parte de una estrategia más amplia. “Habilitan a Cálix, la oposición asalta el Congreso y los medios siembran desconfianza en el órgano electoral. Tres movimientos de una misma jugada: sembrar ingobernabilidad si pierden”, afirmó.
Por su parte, el titular de la Administración Aduanera de Honduras, Fausto Cálix, calificó la autoconvocatoria como un acto de manipulación política: “Esta tarde, los diputados de la destruida oposición montaron un circo en los bajos del Congreso Nacional; seguramente mañana publicarán en el diario de la princesa los resultados de ese show”.
Previamente, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, reiteró en su mensaje de la noche del lunes que “la autoconvocatoria carece de legalidad constitucional y todo intento de suplantar las funciones de la Presidencia y de la Junta Directiva incurre en responsabilidad criminal”.
Redondo recordó que los delitos relacionados con la usurpación de funciones, la sedición y la perturbación ilícita del orden institucional están tipificados en el Código Penal y que su comisión podría acarrear sanciones severas.
Asimismo, subrayó que la Presidencia del Congreso mantendrá su compromiso con el respeto al Estado de Derecho y a la Constitución, asegurando que “la convocatoria a sesiones se realizará una vez logrados los consensos con todas las bancadas”, un proceso que —según dijo— continúa abierto al diálogo político.
Deja un Comentario