El magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Mazadán, solicitó al presidente del organismo, Mario Flores Urrutia, reactivar los expedientes de inscripción de candidatos en Olancho y Valle, los cuales permanecen paralizados por peticiones de recusación que alegan conflictos de interés de uno de los magistrados del pleno.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, solicitó al presidente del organismo, Mario Flores Urrutia, mediante un memorándum oficial, que se reactive sin demora el proceso legal relacionado con las inscripciones de candidatos en los departamentos de Olancho y Valle.
Los casos tienen que ver con la participación en las próximas elecciones generales del diputado Jorge Cálix, quien pretende una reelección dentro del Partido Liberal y de un nacionalista aspirante al Congreso Nacional en el departamento de Valle, ambos imposibilitados –por ley– al haber perdido en las elecciones primarias.
Según Morazán, los expedientes permanecen “arbitrariamente paralizados” debido a incidentes de recusación, es decir, a solicitudes presentadas para que uno de los magistrados no participe en el caso por sospechas de falta de imparcialidad.
Sin embargo, el magistrado aclara que, conforme a la ley, esas recusaciones no deberían detener el proceso, ya que mientras se analiza la petición, debe nombrarse un magistrado suplente para que el trámite continúe sin afectar el desarrollo del cronograma electoral.
Morazán advirtió que la situación está afectando el cumplimiento del cronograma electoral y recordó que “la ley no es optativa, es obligatoria”.
El magistrado explicó que, conforme a la Ley Orgánica y Procesal Electoral, los casos debieron continuar su curso mediante la sustitución temporal del magistrado recusado por un suplente, sin detener los trámites.
Sin embargo, pese a las notificaciones y recordatorios oficiales, los expedientes siguen detenidos, lo que —según Morazán— constituye una omisión de deberes dentro del Tribunal.
En el documento, Morazán reiteró que el procedimiento debía incluir la notificación inmediata del magistrado señalado, la suspensión del expediente principal y la convocatoria de un suplente para resolver la recusación.
Además, subrayó que la normativa no deja margen para interpretaciones distintas, pues el cumplimiento del procedimiento es obligatorio y garantiza los principios de imparcialidad y debido proceso.
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