Un juez declaró auto de formal procesamiento con prisión preventiva a diez de los quince acusados del desfalcó de 45.5 millones a la alcaldía de San Pedro Sula a través de la empresa HERCOD, que recibió 33 contratos de manera irregular firmados por el edil de esa ciudad, Roberto Contreras.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Ministerio Público (MP) informó que, tras la audiencia inicial contra 10 de los 15 acusados por el presunto desfalco a la alcaldía de San Pedro Sula por 45.5 millones de lempiras a través de 33 contratos con la empresa HERCOD S. de R.L., se ordenó auto de formal procesamiento con prisión preventiva por orden del juez competente.
Dentro de los cargos imputados a los procesados se encuentran violación de los deberes de los funcionarios, fraude continuado, lavado de activos y tráfico de influencias; el MP detalló que cuentan con 43 elementos probatorios, entre ellos documentos, testimonios y peritajes.
El auto de formal procesamiento recayó sobre Luis Fernando Hernández Portillo y su esposa, Olga Estela Ávila Ortega, representante legal de la empresa, así como contra los representantes de otras compañías que se aliaron para defraudar a la comuna sampedrana.
La resolución judicial también alcanzó a Malcos Jonathan Morales, Andrea Fabiola Perdomo, Osman David Chávez, Denis Jamilo Paz y Alejandra Eunice Amaya.
Entre los otros señalados figuran Marlen Karina Mena, Xavier Lacayo Delgadillo y Walter Manuel Cartagena.
LA ACUSACIÓN
Las investigaciones señalan que empleados municipales y representantes de las empresas involucradas planificaron la adjudicación de los 33 contratos a favor de HERCOD, dejando al resto de sociedades únicamente como “relleno”.
Dichas compañías carecían de maquinaria, personal técnico y experiencia para ejecutar obras y en varios registros aparecían domicilios falsos o negocios de otra índole, como expendios de pollo o construcciones particulares, sin relación con proyectos de infraestructura.
El MP reveló que, pese a figurar como contratista principal, HERCOD no contaba con capacidad operativa, en su planilla laboral solo estaba inscrita su representante legal y en los contratos se estableció la reparación de 160 kilómetros de carretera.
Sin embargo, los peritajes confirmaron que en realidad apenas se intervinieron unos 35 kilómetros en la zona entre La Puerta y El Merendón.
Esa manipulación de las cifras permitió que se adulterara la extensión del proyecto para desviar fondos públicos.
Además, un testigo protegido aseguró que de las cuentas de HERCOD se pagaba la mensualidad de un vehículo utilizado por el imputado, Steve Fajardo, yerno del actual alcalde de la ciudad industrial, Roberto Contreras.
El proceso judicial también expuso que los pagos a la empresa se autorizaron sin informes de avance ni de finalización de obras.
Tras recibir los fondos correspondientes a los 33 contratos, Olga Estela Ávila transfirió los recursos a cuentas bancarias de su esposo, Hernández Portillo, donde ambos tenían firma autorizada.
Posteriormente, el acusado realizó movimientos por más de 5.9 millones de lempiras a favor de su sobrino, Josue David Fajardo Hernández, quien habría sido el encargado de distribuir el dinero en efectivo y entregarlo a terceros, incluyendo al propio alcalde, Steve Adolfo Fajardo, según detallan los documentos judiciales.
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