El empresario estadounidense, Carl Alan Zaglin, se someterá a juicio en una corte de Florida acusado de un esquema de sobornos millonarios relacionado con el fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional de Honduras.
Por este caso también se acusa a los directivos del «Tasón», Francisco Cosenza y Juan Ramón Molina, este último exrepresentante del COHEP, quienes ya se declararon culpables. Fuentes acusan que los exfuncionarios actuaron por órdenes de Juan Orlando Hernández.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El 2 de septiembre de 2025 inició en la Corte del Distrito Sur de Florida el juicio contra el empresario estadounidense Carl Alan Zaglin, acusado de encabezar un esquema de sobornos millonarios relacionado con el fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional de Honduras.
De acuerdo con la acusación, Zaglin, a través de su compañía Atlanco, habría obtenido contratos valorados en más de 10 millones de dólares (unos 264 millones de lempiras) entre 2015 y 2016 para suministrar uniformes y equipo táctico a la Policía Nacional hondureña.
La Fiscalía sostiene que, para asegurar estos negocios, el empresario pagó sobornos a los entonces directores de la Tasa de Seguridad, Francisco Cosenza y Juan Ramón Molina, quienes ya se declararon culpables y ahora colaboran como testigos.
De acuerdo con la justicia estadounidense, Cosenza habría recibido sobornos a cambio de adjudicar contratos millonarios a empresarios norteamericanos, entre ellos Zaglin y Aldo Néstor Marchena, para la compra de uniformes y equipo destinados a la Policía Nacional de Honduras.
La Fiscalía detalló que los sobornos estuvieron destinados a adquirir bombas lacrimógenas, uniformes y otros insumos policiales.
Según las versiones de la acusación, Cosenza actuó por instrucciones directas de Juan Orlando Hernández, hoy preso por narcotráfico y otros miembros de su gabinete.
Según información divulgada por el portal Honduras Pro-Network, entre las pruebas presentadas se incluyen contratos sobrevalorados, transferencias millonarias y registros de sobornos.
En paralelo, la Fiscalía estadounidense acusa a Molina de recibir al menos 114 mil dólares en sobornos de una compañía radicada en Georgia, vinculada a la fabricación de uniformes policiales, dentro de un esquema que también incluye cargos por lavado de activos internacional.
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