El subjefe de la bancada del Partido Nacional, Nelson Márquez, ha sido enviado a la cárcel de Támara –al norte de la capital hondueña– como medida de prevención en el caso donde se le acusa de formar una red que drenó 3,000 millones de lempiras al Estado.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. En el reciente escándalo de corrupción que sacudió al bipartidismo (partidos Liberal y Nacional), ha liberado un nuevo capítulo, luego que un juez natural ordenara que el diputado Nelson Márquez –subjefe de bancada– fuera “hospedado” en la cárcel de Támara, acusado por el desfalco de 3,000 millones de lempiras.
Junto a Márquez, son señalados: Juan Fernando Madrid, Caronte Rojas Zavala, Eva Vásquez y el juez Raymond Esaú Gradiz –también enviados a esa penitenciaría–; mientras que Rafael Eduardo Chávez enfrentará el proceso bajo arresto domiciliario, acusado de falsificación de documentos públicos, confirmó el vocero del Poder Judicial (PJ), Carlos Silva.
El caso surge a partir de la investigación que ejecutó la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco), que expone una trama de demandas ilegales y resoluciones judiciales irregulares para extraer fondos públicos.
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El origen del caso se remonta al año 2000, cuando tras el paso del huracán Mitch, el gobierno hondureño adjudicó un contrato a la empresa extranjera DRC Inc., utilizando fondos de cooperación internacional.
Según el Ministerio Público, dicha compañía no contaba con autorización legal para operar en el país y, en ese marco, subcontrató de forma irregular a NAINSA.
La situación se agravó en 2001 cuando, debido a múltiples irregularidades, el cooperante internacional suspendió la ayuda.
Años más tarde, tanto DCR Inc como NAINSA impulsaron demandas multimillonarias contra el Estado de Honduras con base a un supuesto laudo arbitral –resolución final de conflicto legal–, que nunca fue homologado por la Corte Suprema de Justicia, es decir, no tenía validez en el país, y, según la Fiscalía, representa una maniobra fraudulenta para justificar erogaciones millonarias.
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La figura de Nelson Márquez toma relevancia en este entramado ya que en enero de 2020, en su calidad de titular de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas), remitió un informe a la Procuraduría General recomendando la firma de un acuerdo ejecutivo con NAINSA para evitar una supuesta “erogación mayor”.
Un mes después, ambas partes firmaron un convenio extrajudicial que dio pie a pagos millonarios, al margen de los procesos judiciales existentes.
También, en 2022 el juez Raymond Gradiz admitió otra demanda millonaria presentada por las empresas, a pesar de que los tribunales ya habían determinado la nulidad del laudo.
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, esa decisión judicial fue clave para que se continuarán realizando pagos ilegales.
Además, se menciona la ausencia injustificada del representante legal del Estado, Héctor Alvarado Mejía, quien presentó un certificado médico cuya autenticidad está en duda, lo que permitió el avance de la demanda sin oposición formal.
Este caso que involucra a una figura visible del Partido Nacional como Márquez, ocurre en un contexto político agitado y podría tener profundas repercusiones en la credibilidad de los actores políticos de oposición, frente a los comicios generales del próximo 30 de noviembre.
Más allá de su reciente captura por el millonario fraude relacionado con la firma NAINSA, el diputado Nelson Márquez arrastra un historial de cuestionamientos por el manejo de fondos públicos.
Según información del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), y del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), entre 2020 y 2021, cuando dirigía Sedecoas, Márquez habría adjudicado contratos por más 250 millones de lempiras a oenegés de estructura fantasma, sin cumplir procesos legales de licitación ni justificación de técnica de los proyectos, lo cual desembocó en su separación de la institución.
EL LIBERTADOR reveló en 2022, que la Secretaría de Educación no halló rastro alguno del destino de al menos mil millones de lempiras asignados para la reconstrucción de más de 300 centros educativos dañados por los huracanes Eta e Iota (2020).
Aunque la responsabilidad recayó directamente en Sedecoas, dirigida en ese momento por Márquez, las auditorías no encontraron informes financieros, ni actas de recepción de obras, ni evidencia de trabajos ejecutados.
Con estos antecedentes, el caso actual adquiere un carácter sistémico y no aislado, las acciones de Márquez –hoy procesado por fraude–, reflejan un patrón de aprovechamiento de recursos destinados a la emergencia y reconstrucción nacional para beneficio de redes clientelares.
Así, se expone cómo desastres naturales, como el Mitch o los ciclones recientes, se convierten en fuente de botín para funcionarios protegidos por el esquema de impunidad de la dictadura 2010-2022, dejando a las comunidades damnificadas en el abandono.
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