Pese a las denuncias y evidencia de la Comisión Interventora que designó la presidenta Xiomara Castro, por presunta malversación de fondos en el Instituto de la Propiedad, la Sala Constitucional resolvió a favor de un amparo que suspende las investigaciones en este caso, según información de la diputada Xiomara Zelaya.
Además, se le atribuye el control político y administrativo de la institución al actual diputado Jorge Cálix y, durante ese periodo de gestión, según las denuncias, se perdieron alrededor de 1,000 millones de lempiras del IP.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La diputada y miembro de la coordinación del Partido Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Zelaya, denunció que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió a favor de Jorge Cálix un recurso de amparo administrativo (SCO-0019-2025), otorgando suspensión provisional del acto reclamado.
La acción legal, interpuesta por el abogado Juan Sánchez Cantillano, ordena al Ministerio Público remitir los antecedentes de una denuncia por presunto desfalco de fondos públicos en el Instituto de la Propiedad (IP), interpuesta por el exsecretario de Finanzas, Marlon Ochoa.
Con esta resolución, según la diputada, se paraliza la investigación que debía impulsar el Ministerio Público, en su rol de ente acusador, sobre el manejo irregular de fideicomisos durante la gestión de Cálix al frente del IP.
Cabe recordar que otros funcionarios del oficialismo, como el vicecanciller Gerardo Torres, señalaron que durante ese periodo no se logró justificar el destino de cerca de mil millones de lempiras.
️ Gerardo Torres, Vicecanciller de la República, exige con firmeza que Jorge Cálix dé la cara y rinda cuentas por el uso del Fondo Social.
“Basta de doble moral. No se puede criticar lo que también se ha utilizado en silencio.”@gtorreszelaya1 defiende la transparencia y… pic.twitter.com/iCQHDtc4bU— UNE TV (@unetv_hn) July 3, 2025
Aunque Jorge Cálix no ostentaba un cargo oficial en la estructura del Instituto, durante los primeros dos años del gobierno de Xiomara Castro se le atribuye el control político y administrativo de la institución, lo que ha sido duramente criticado por diversos sectores que denuncian corrupción sistemática en el manejo de los fideicomisos.
“La resolución no solo desestima investigar, sino que consagra la impunidad. A pesar de los indicios, el Poder Judicial ha decidido proteger a los señalados, evidenciando el avance galopante de la corrupción en los organismos de justicia”, expresó la diputada.
Durante la conferencia, Libre reiteró el compromiso por mantener una lucha frontal contra la corrupción y se ha exigido transparencia en la actuación de las instituciones.
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