Las coincidencias no existen cuando se trata de los antecedentes judiciales de varios diputados que votaron en contra de la CICIH, han quedado en evidencia desde que estos grupos “sobrevivientes” de la dictadura liquidaron la MACCIH porque los investigó y puso en ojo público, varios involucrados en corrupción y nexos con el narcotráfico, entre otros.
En su momento, el entonces representante de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, afirmó que se estaban investigando al menos 60 diputados de esa administración legislativa. Hoy, algunos de ellos, como Tomás Zambrano, Antonio Rivera, entre otros, votaron contra la CICIH.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Sin posibilidad de ser discutida nuevamente en esta legislatura, quedó archivada la Ley Especial para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
El freno a esta normativa fue impulsado por diputados que enfrentan investigaciones judiciales o señalamientos por actos de corrupción.
Durante la gestión de la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), se abrieron al menos 12 investigaciones que implican a actuales legisladores del Congreso Nacional.
Entre los casos más emblemáticos figura el de la congresista Gladis Aurora López, señalada en el expediente “Arca Abierta” por la supuesta malversación de 21 millones de lempiras, desviados a través de la ONG ‘Planeta Verde’ desde la Casa Presidencial hacia cuentas personales de diputados y familiares.
López también enfrenta un proceso por el desvío de 290 mil lempiras destinados a proyectos de alumbrado público, fondos que presuntamente fueron utilizados para fines privados.
En el mismo caso de “Arca Abierta” fue señalado el diputado —también del Partido Nacional— Milton Puerto, a quien las autoridades de Estados Unidos lo señalan por su supuesta participación en actividades de narcotráfico junto al exdiputado Midence Oquelí Martínez, quien ya fue acusado por esos delitos.
El congresista del Partido Liberal (PL), Mauricio Villeda, es otro que votó en contra de instalar la CICIH y, siguiendo el mismo patrón, fue mencionado en el juicio del exgobernante Juan Orlando Hernández.
Según el narcotraficante Devís Maradiaga, líder del cartel de ‘Los Cachiros’, Villeda supuestamente recibió sobornos por 200 mil dólares que habrían servido para ayudar a otro involucrado en el trasiego de drogas, Carlos Arnaldo Lobo, a recuperar bienes que le habían sido incautados.
También figuran los diputados nacionalistas Tomás Zambrano y Antonio “Toño” Rivera, acusados en 2018 por el caso “Pacto de Impunidad”, donde se les imputó falsificación de documentos y delitos contra la forma de gobierno.
Por este caso, Zambrano recibió sobreseimiento definitivo; sin embargo, el congresista también fue acusado por la MACCIH en el caso “Fe de errata”, así como su correligionario en el Congreso Nacional, Mario Pérez, a quienes se les acusó de haber manipulado la Ley de Presupuesto con un agregado no aprobado por el legislativo.
Tanto Zambrano, como Pérez y Rivera, votaron en contra de las reformas para instalar la CICIH.
Otro caso se dio en 2021, cuando el exfutbolista y diputado Jaime Villegas denunció que la diputada Leda García infló votos a su favor en las elecciones generales.
Aunque el Comité Técnico del Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió la impugnación, no le dio seguimiento.
Por otro lado, el exsecretario de la presidencia Rodolfo Pastor denunció ante el Ministerio Público (MP) al diputado Erasmo Portillo por no rendir cuentas sobre el proyecto “Becas 20/20”, que afectó a 189 estudiantes en el extranjero.
Mientras que, la diputada nacionalista, Ariana Banegas, enfrenta juicio por su presunta participación en un millonario fraude contra el sistema sanitario, tras la compra irregular de medicamentos por más de 77 millones de lempiras.
MACCIH, RECUERDO INCOMODO
La ex vocera de la MACCIH, Ana María Calderón, lamentó que el mecanismo anticorrupción fuera expulsado del país debido a que “le puso rostro a la corrupción en Honduras”, lo cual resultó “incómodo para muchos funcionarios”.
Agregó que la misión cumplió un papel clave en evidenciar las estructuras corruptas y las distintas modalidades utilizadas para saquear al Estado.
“Eso incomodó a los altos funcionarios del gobierno, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional, quienes concertaron diversas estrategias para dificultar las actuaciones de la MACCIH y terminaron con la no renovación del convenio”, expresó.
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