Un Juez dictó detención judicial contra Jaime Antonio Suárez, extraditado desde El Salvador, y quien es acusado por el Caso Pandora, escándalo de corrupción donde, según la Fiscalía, se desviaron más de 282 millones de lempiras para financiar campañas políticas, cancelar deudas del Partido Liberal y financiar la “tarjeta cachureca”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Un juez del Juzgado de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción dictó detención judicial contra Jaime Antonio Suárez, involucrado en el denominado “Caso Pandora”.
El imputado, quien fue entregado este martes a las autoridades hondureñas por miembros de la policía de El Salvador, está siendo acusado por fraude, uso de documento falso, malversación de caudales públicos y lavado de activos.
Luego del desarrollo de la audiencia de declaración de imputados, el acusado fue remitido a la Penitenciaría Nacional de Támara a la espera de su audiencia inicial programada para el 28 de febrero a las 8:30 a.m.
El Caso Pandora, investigado por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), involucra a altos exfuncionarios, socios, familiares y personas naturales en el desvió de aproximadamente 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y de la Secretaría de Finanzas.
Según las investigaciones del Ministerio Público, estos fondos que estaban destinados a proyectos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas, fueron utilizados para financiar campañas de candidatos a diputados y alcaldes del Partido Nacional (PN), Partido Frente Amplio (FAPER) y del Partido Liberal (PL) en 2013.
Asimismo, parte de esos fondos se utilizaron para financiar la “tarjeta cachureca”, utilizada por Juan Hernández para potenciar su candidatura presidencial en 2013 y, con la cual, los militantes del Partido Nacional recibieron descuentos en tiendas comerciales, restaurantes y recargas telefónicas.
También, de estos fondos se entregaron recursos a coordinadores de campaña del Partido Nacional para las elecciones, se compraron dos oficinas en el Edificio Metrópolis y se pagaron préstamos del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) por un valor de más de 99 millones de lempiras.
El mecanismo del robo –según la Fiscalía— consistió en otorgar el dinero a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista, de las que Jaime Antonio Suárez fungía como apoderado legal, para luego traspasarlo a las cuentas de políticos, empresarios y personas particulares.
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