El comisionado contra las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), Fernando García, explicó que personal ligado a la administración de Juan Orlando Hernández destruyeron documentación relevante relacionada a la instalación de estos regímenes, sin embargo, pidió a la Fiscalía actuar de oficio contra los promotores de esta ley.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. A cuatro meses de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara inconstitucionales las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), estas continúan operando en el país amparándose en tratados internacionales y estrategias legales para mantener su funcionamiento, desafiando el fallo judicial que ordenó su eliminación.
El comisionado contra las ZEDE, Fernando García, manifestó a El Libertador que, de las 27 “Ciudades Modelo” identificadas, la ZEDE de Próspera, ubicada en Roatán, sigue funcionando, queriéndose amparar en el Tratado de Libre Comercio Suscrito entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, mientras que “Ciudad Morazán” también mantiene operaciones.
Sin embargo, señaló que la ZEDE Orquídea tiene mayores posibilidades de incorporarse a la legislación nacional, ya que opera como una empresa de agroexportación y se sometería a las leyes del país.
“Cada Secretaría de Estado, en el marco de sus competencias, debe supervisar y controlar las actuaciones de las empresas que están ahí registradas, cuidando que no se siga continuando una expropiación indirecta y por eso tenemos que actuar con mucho cuidado para evitar perjuicios en el arbitraje internacional que se puede llegar a dar”, expresó.
Además, denunció que, durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, personal del exgobernante y los representantes de las ZEDE, destruyeron la documentación sobre las Ciudades Modelo, lo que representa un obstáculo en la investigación en curso.
“Ellos quemaron, deshicieron los documentos, es por eso que seguimos analizando y elaborando documentos y pasándolos al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República. Nosotros somos los que les abastecemos de información a estas dos dependencias del Estado para que ellos tomen las acciones también en el marco de sus competencias”, afirmó.
Asimismo, indica que, hasta la fecha, han abierto 750 cajas con documentos de hasta 20 mil páginas y aún falta revisar más material para determinar todas las acciones ejecutadas para dar vidas a las Ciudades Modelo.
Por otro lado, el comisionado señala que el Ministerio Público debe de actuar de oficio y personalizando los requerimientos contra los que permitieron la violación constitucional que permitió las instalaciones de las ZEDE, desde parlamentarios hasta los anteriores magistrados del Poder Judicial que permitieron la ilegalidad.
Finalmente, García manifestó que, en caso de que Honduras pierda la demanda presentada por Próspera Inc. ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), los responsables de aprobar la ley de las ZEDE deberían asumir las consecuencias de una posible deuda millonaria para el país.
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