El Gobierno de Honduras reconoció públicamente, como parte de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su responsabilidad por la destitución ilegal de cuatro magistrados del Poder Judicial que se opusieron a las Ciudades Modelos –conocidas también como Zede–.
El procurador de la República, Manuel Gáleas, detalló que los magistrados destituidos por el entonces Congreso Nacional que presidia Juan Orlando Hernández, recibirán la cantidad de aproximada de dos millones de dólares (unos 53 millones de lempiras).
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Gobierno de Honduras pidió perdón por los hechos ocurridos en 2012, cuando el Congreso Nacional, que en ese entonces presidía Juan Orlando Hernández, hoy preso por narcotráfico en Estados Unidos, destituyó ilegalmente a cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se opusieron a las Ciudades Modelos, luego conocidas como Zede.
Lo anterior respondió a la resolución dictaminada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Gutiérrez Navas y Otros Vs Honduras, donde se falló en contra del Estado. Además de la disculpa pública, se deberá pagar la cantidad de dos millones de dólares (unos 53 millones de lempiras) a los perjudicados.
Según el dictamen, los magistrados de la Sala Constitucional de la CSJ, José Antonio Gutiérrez Navas, Gustavo Bustillo Palma, José Francisco Ruiz y Rosalinda Sequeira, fueron destituidos “arbitraria e ilegalmente” por el entonces Congreso de Hernández.
Con relación a los hechos, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Manuel Díaz Galeas, dijo en entrevista para EL LIBERTADOR que desde el ente estatal se está realizando el análisis de la responsabilidad de cada uno de los que participaron en este ilícito y “deberá deducir las responsabilidades en el marco de las competencias que tiene la Procuraduría”.
Ante estos hechos donde se perjudica al Estado, el procurador señaló que es preciso que el Ministerio Público y el Congreso Nacional lleven “a cabo las acciones pertinentes para que los responsables respondan ante tribunales nacionales”.
El funcionario indicó que existe en la ley hondureña la figura del juicio de repetición, que permite perseguir a los responsables de este tipo de actos que perjudican al Estado, deduciendo responsabilidad a las personas que perpetuaron la ilegalidad.
“En este proceso creo que estamos comenzando a asumir cada institución las responsabilidades, y creo que se está abriendo un espacio, un escenario, un contexto propicio para que los responsables que han ocasionado crímenes contra el pueblo hondureño acudan a los tribunales y rindan cuentas”, sentenció el procurador.
Por su parte, la designada presidencial Doris Gutiérrez, comentó que luego de este golpe a la Corte Suprema de Justicia, se afectó a todo el pueblo hondureño con la aprobación de las Zonas de empleo y Desarrollo Económico (Zede) y otras decisiones que se tomaron desde una “sala constitucional ilegal”.
“La justicia es una aspiración, pero no es fácil lograrla, porque hay muchos intereses de por medio y también hay leyes que favorecen a que realmente no se proteja sobre todo a los pobres y a los que tienen menos recursos”, puntualizó Gutiérrez.
Para que no se repitan este tipo de hechos, Gutiérrez mencionó que “lo primero que se tiene que hacer es que no haya imparcialidad en la justicia, pero aquí desde el momento que se nombran los magistrados y se nombra todo bajo negociaciones políticas, desde ahí vamos mal. No se puede considerar un poder independiente desde el mismo momento que hay tres partidos que son los que nombran a la gente”.
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