El Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, dictó medidas sustitutivas distintas a la prisión a los exmagistados de la Corte Suprema: Jorge Zelaya Saldaña, Edwin Ortez, Reina Hércules, Jorge Serrano y Lidia Álvarez, quienes fueron acusados por usar su “poder” de forma arbitraria para desviar 80 millones de lempiras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El juez del Juzgado de Letras Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, en audiencia de declaración de imputado, dictó medidas sustitutivas (distintas a la prisión preventiva o detención judicial) a los cinco exmagistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema (CSJ) de la administración 2016-2023 acusados de Prevaricato Judicial.
Luego de determinar que los exfuncionarios judiciales se defendieran bajo medidas distintas a la prisión preventiva, el juez programó la Audiencia Inicial para el lunes 03 de febrero a las 8:30 de la mañana.
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Los exfuncionarios judiciales acusados son: Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, Edwin Francisco Ortez Cruz, Reina Auxiliadora Hércules Rosa, Jorge Abilio Serrano Villanueva y Lidia Álvarez Sagastume, quienes formaron la Corte Suprema que avaló ilegal reelección de Juan Hernández –en prisión de Estados Unidos por narcotráfico–, colaboró en la criminalización de manifestantes y decretó impunidad en escándalos de corrupción investigados por OEA.
En este mismo caso fueron acusados el juez ejecutor Germán Ubaldo Flores Matamoros, junto a directivos del Sindicato de Docentes de la UNAH (SIDUNAH) y otros particulares, por formar parte de una estructura que desvió más de 80 millones de lempiras de las arcas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
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El requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial de Enjuiciamiento de Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ), el 9 de diciembre de 2024, señala que este fraude a la máxima casa de estudios fue ejecutado a través de resoluciones arbitrarias –que se conoce como Prevaricato Judicial–, cuyos fondos posteriormente fueron destinados a cuentas personales.
Según la investigación, el caso inició en el año 2013, cuando el SIDUNAH solicitó a la Secretaría General de la UNAH que se le acreditara el uno por ciento de los salarios de todos los docentes de la universidad; sin embargo, según la “Alma Mater”, esta organización no estaba facultada para realizar dicha acción.
Este caso llegó a los tribunales, donde la Sala Constitucional nombró al juez Flores –hoy imputado por el caso– para ejecutar un fallo que resultó en tres embargos a la universidad, dos de 40 millones de lempiras y uno de 33 millones.
Por lo anterior, el actual rector de la UNAH, Odir Fernández, presentó una denuncia en abril de 2024 y expresó: “Nos sacaron 80 millones de manera picaresca y en el mes de abril pretendían sacar 39 más, y es ahí donde nosotros presentamos la denuncia y el tiempo nos da la razón de que se drenaron esos recursos públicos”.
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