FISCALÍA LLEVA A JUICIO DEFENSORES DE CORRUPCIÓN EN CONGRESO DE MAURICIO OLIVA

Según la investigación de la Fiscalía, tres exempleados del Congreso Nacional supuestamente ayudaron en la destrucción de información sobre supuestos actos irregulares durante el periodo Legislativo 2018-2022, que estaba liderado por el nacionalista Mauricio Oliva.

La información, que contenía soportes contables, financieros y de pagos, fue sustraída de los departamentos de Pagaduría, Contabilidad y Dirección Administrativa del Congreso Nacional, y trasladada a casas particulares donde fue destruida y manipulada.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El Ministerio Público presentó requerimiento judicial contra el exgerente financiero del Congreso Nacional, Carlos Roberto Avilez; la exgerente administrativa, Cinthya Marcela Oyuela y el expagador especial del departamento de Pagaduría del Legislativo, José Rolando Perdomo, por suponerlos responsables de los delitos de sustracción, destrucción, ocultación o inutilización de documentos en custodia y daños a datos y sistemas informáticos.

Lo anterior, para encubrir supuestas irregularidades cometidas durante el período Legislativo 2018-2022, el cual presidia el nacionalista Mauricio Oliva. 

La investigación, realizada por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), revela que presuntamente, los imputados entre noviembre de 2021 y enero de 2022 sustrajeron documentos de los departamentos de Pagaduría, Contabilidad y Dirección Administrativa del Congreso Nacional, trasladándolos a viviendas particulares bajo el argumento de protegerla de la administración entrante (2022-2026), sin embargo, el fin era destruirla, ya que esta documentación contenía soportes contables, financieros y pagos. 

Está información que contenía evidencias de supuestas irregularidades cometidas fue destruida, incluso –según la Fiscalía– una parte fue quemada en una propiedad vinculada al exdirector financiero donde también se encontraron sellos y documentos pertenecientes a Casa Presidencial.

Además, como resultado de un análisis forense, se concluye que varios discos duros fueron manipulados, formateados y sustituidos. También los acusados ordenaron la transferencia de información a dispositivos externos –como memorias USB–, e instalaron nuevos sistemas operativos con el fin de eliminar información financiera, como parte de un plan deliberado para obstaculizar futuras investigaciones y garantizar impunidad de exfuncionarios que en el pasado administraron fondos en ese poder del Estado.

El comunicado de la Fiscalía hondureña cita: “es inaceptable que aquellos en quienes se deposita la confianza del pueblo utilicen sus cargos para destruir evidencia de su mala gestión. Por tanto, todos los poderes del Estado deben tener claro que la acción penal será implacable frente a cualquier intento de repetir estas prácticas nefastas y así evitar que se conviertan nuevamente en escenarios de impunidad”.