El abogado Roque Herrera, explicó a EL LIBERTADOR que el Código Penal hondureño, dicta que quienes maltraten y causen la muerte de animales domésticos pueden enfrentar penas de prisión de dos a cuatro años, lo anterior luego de conocer que en Residencial La Joya, en Villanueva, Cortés, vecinos han denunciado que están asesinando a sus mascotas.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. En las últimas semanas, una grave denuncia conmocionó las redes sociales, el ciudadano Williams Sarmiento expuso que un grupo de vecinos de la Residencial La Joya, en Villanueva, departamento de Cortés, habría envenenado deliberadamente a varios perros y gatos, por lo que este acto cruel y premeditado ha generado indignación en la población y en organizaciones defensoras de los derechos animales.
En ese sentido, el abogado Roque Herrera dijo a EL LIBERTADOR, que el Código Penal vigente sanciona el maltrato animal en su artículo 341: “Quien maltrate injustificadamente a un animal doméstico o domesticado, causándole la muerte, puede enfrentar penas de prisión de dos a cuatro años si se le provoca lesiones graves, la pena será de seis meses a dos años”.
Además, refirió que la condena incluye una inhabilitación especial de uno a tres años para ejercer actividades relacionadas con animales, y que todas las penas previstas incluso pueden aumentarse dos tercios cuando los hechos “revisten una especial crueldad”.
Al respecto, la directora de la organización de rescate y protección de animales, “ARI”, Wendy López, calificó que los acontecimientos denunciados en Villanueva son “abominables” y que todo el año se reportan casos similares de crueldad contra los “peluditos”.
“Nosotros recibimos denuncias a través de las redes sociales de personas de diferentes barrios y colonias, envían videos y fotos sobre los casos de maltrato y esta es una falta grave de maltrato con intención de hacer daño”, lamentó.
La defensora enfatizó en la importancia de la denuncia ciudadana, ya que si no se hace presión a las autoridades, éstas no van a actuar para sancionar (económicamente) o llevar a prisión a los responsables de maltrato.
“Si la sociedad o la comunidad no denuncia, la policía no va a recibir, ni el Ministerio Público, ni las alcaldías a través del Juzgado de Policía (Municipal), que son quienes reciben las denuncias de este tipo”, agregó. Y, además, aquejó que sin denuncia ciudadana, los órganos competentes no van a actuar de oficio.
La activista social reveló que, por casos que han atendido en el pasado, han identificado que el envenenamiento es una muerte lenta y agonizante, un sufrimiento extremo para los animales porque sus órganos internos colapsan de forma dolorosa, siendo así que quienes cometen este delito son personas altamente peligrosas para la sociedad.
Aunque el esquema legal es débil, los hondureños pueden denunciar el maltrato animal ante el Ministerio Público, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), unidades de Policía Municipal, delegaciones de Policía Nacional y con el Sistema de Emergencia 911.
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