El exgerente de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), Roberto David Castillo, ya suma 27 años de prisión por el fraude sobre el Río Gualcarque y el crimen contra la reconocida lideresa indígena, Berta Cáceres, luego que este viernes el Poder Judicial, le condenara a cinco años de prisión por fraude.
Además, se emitió condena de cinco años –por el mismo delito– contra la exsindicalista de la ENEE, Carolina Lizeth Castillo Argueta y más de tres años de prisión contra el exalcalde de San Francisco de Ojuera (Intibucá), Raúl Pineda Pineda.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La lucha de la mundialmente reconocida ambientalista, Berta Cáceres (asesinada en 2016) y del pueblo Lenca, ha dado un paso importante este viernes en el sistema de Justicia, luego que tres actores involucrados en el caso de corrupción “Fraude sobre el Gualcarque”, fueran condenados a prisión.
El Poder Judicial (PJ), celebró hoy la audiencia de individualización de pena para el exgerente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), Roberto David Castillo Mejía; también para la exfuncionaria de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Carolina Lizeth Castillo Argueta y contra el exalcalde de San Francisco de Ojuera (Intibucá), Raúl Pineda Pineda.
El exgerente de DESA y la exfuncionaria de ENEE, fueron condenados por fraude a cinco años de prisión, inhabilitación absoluta por el doble de la pena y multa de 380 mil lempiras; mientras que el exalcalde, recibió castigo de dos años más multa de trabajo social por falsificación de documentos públicos y por usurpación de funciones recibió 13 meses de prisión con inhabilitación para cargos municipales por seis años.
Al respecto, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), ha destacado que estas condenas marcan un paso importante hacia la justicia para el pueblo Lenca y por el asesinato de Berta Cáceres, evidenciando que la concesión del Río Gualcarque fue un fraude.
Este caso, fue investigado por la extinta Misión de Apoyo Contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (MACCIH), con apoyo de la extinta Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad (Ufecic), ahora Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción (Uferco), descubriendo que se cometió varios delitos para beneficiar a la empresa DESA con el contrato sobre el Río Gualcarque.
Una particularidad de este caso, es que la investigación se sustentó en más de 40 denuncias que presentó Berta Cáceres antes de su asesinato en marzo de 2016, llevando a índole penal el “Proyecto Agua Zarca” que identificó delitos de abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios, falsificación de documentos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y fraude.
Entre varios puntos, la investigación reveló que el ya condenado Roberto David Castillo Mejia, “se desempeñaba como Asistente Técnico de Gerencia en la ENEE, al mismo tiempo que ejercía el dominio funcional de la empresa DESA”.
Mientras que Carolina Castillo Argueta fue identificada como presidenta del Sindicato de Trabajadores de la ENEE que le permitió tener conocimiento del Estudio de factibilidad para el Proyecto Hidroeléctrico Gualcarque, expediente 28‐E‐2003, correspondiente a una capacidad generadora de seis megavatios en la ubicación clasificada con el número 460, siendo un proyecto que fue declarado improcedente por el entonces Secretario General de la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA) por no cumplir con los requisitos legales requeridos.
Cabe recordar que en junio de 2022, el Tribunal de Sentencia condenó a más de 22 años de prisión a Roberto Castillo por ser autor intelectual del crimen contra la lideresa indígena y defensora de la vida, los bosques, ríos y montañas, Berta Cáceres.
En 2017, EL LIBERTADOR publicó en exclusiva el reportaje “100 por ‘asar’ a Berta”, que expone cómo se encargó y ejecutó el asesinato de la activista social.
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