El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra tres exjuezas que favorecieron a una empresa constructora al ordenar el desalojo de familias que residían en las colonias Cerro Grande y El Chile –en la capital–, lo que resultó en la demolición de viviendas y el desplazamiento de los habitantes del sector.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ), presentó requerimiento fiscal contra las exjuezas: Telma Aracely Cantarero Benítez, Zoila Rosa Hernández Velásquez y Ruth Anabella Cruz Zamora, del Tribunal de Sentencias, Sala Tercera.
Las exfuncionarias están acusadas de violación de los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad, con relación a un prolongado conflicto de propiedad en la colonia Cerro Grande, en el que se encuentran involucradas una familia y una empresa constructora.
Según las investigaciones del MP, el conflicto surgió cuando la defensa de la familia afectada presentó excepciones de falta de acción y nulidad de actuaciones, argumentando que la disputa sobre el derecho de propiedad debía ser resuelta por los tribunales civiles.
No obstante, las exjuezas habrían ignorado estas excepciones y ordenado un desalojo que, según la acusación, fue ejecutado de manera irregular, violando los derechos de varias familias en la zona.
Entre las pruebas aportadas por el MP se incluye una sentencia de casación de 2004, que reconocía los derechos de la familia sobre los terrenos en disputa. A pesar de este fallo, en 2010, el tribunal presidido por las exjuezas emitió una orden de desalojo.
El desalojo se realizó el 3 de julio de 2010 en las zonas de Cerro Grande y El Chile, este desalojo resultó en la demolición de viviendas y estructuras, y en el desplazamiento de varias familias que residían en esos terrenos.
El caso fue reasignado en 2012 a un nuevo tribunal, debido a una serie de recusaciones, el cual determinó que se había vulnerado el derecho de defensa de los afectados, ya que las excepciones presentadas dentro del plazo legal no fueron atendidas.
El 21 de septiembre de ese año, el tribunal resolvió a favor de las excepciones de falta de acción e incompetencia, declarando que el conflicto debía ser tratado en el ámbito civil.
El MP señala que estos hechos constituyen una grave violación de los derechos de las familias afectadas y un abuso de la autoridad por parte de las exjuezas, quienes ahora enfrentan el proceso judicial correspondiente.
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