El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, advirtió que si los diputados apegados a las clases privilegiadas siguen bloqueando la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, recurrirá a alternativas de participación directa, como el plebiscito y la consulta ciudadana, para que sea el pueblo quien decida sobre la implementación de esta normativa.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Después de aproximadamente 18 meses de socialización y preparación, el Congreso Nacional (CN) inició el primer debate sobre el proyecto de Ley de Justicia Tributaria; no obstante, ésta fue suspendida por la negativa del Partido Nacional y otros congresistas en oposición al mecanismo.
En ese sentido, el presidente del CN, Luis Redondo, calificó como una “insurrección” legislativa protagonizada por este grupo de legisladores, advirtiendo que, como presidente de ese poder del Estado, tiene la facultad de priorizar los temas en la agenda legislativa.
Ante las críticas de los nacionalistas contra la justicia tributaria, Redondo recordó a la sociedad: “¿Quiénes aprobaron en los últimos 12 años esos decretos que permiten la evasión fiscal? Fueron ellos, el Partido Nacional, con la ayuda de algunos otros”.
Redondo enfatizó que la Ley de Justicia Tributaria es de vital importancia para el bienestar del pueblo hondureño y advirtió que, si los diputados continúan bloqueando su aprobación, se buscarán otras vías para aprobarla.
“Si la clase privilegiada ha logrado comprar a la mayoría de la voluntad de Congresos anteriores, todavía quedan los mecanismos de participación ciudadana como el plebiscito, el referéndum y la consulta que fácilmente se pueden hacer en las próximas elecciones generales para aprobar esta ley”, subrayó.
Redondo también dijo que de continuar la negativa, Honduras sumaría para diciembre de 2025 más de 628,939 millones de lempiras, que es una suma que contempla una justicia tributaria contando desde junio 2009, mes en que ocurrió el golpe de Estado.
Y, es que, según el congresista, durante los últimos 12 años se aprobaron 40 decretos bajo una lógica corrupta que favoreció a una pequeña élite empresarial en detrimento de la mayoría de la población.
“El sistema tributario actual fue diseñado para cobrar más impuestos a los pobres y beneficiar a una pequeña cúpula económica”, concluyó Redondo.
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