La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, compareció hoy para dar declaraciones sobre el caso donde se acusa por presunta extorsión al juez Marco Antonio Vallecillo, el cual, en palabras de la funcionaria, «ha estremecido al Poder Judicial».
Ante las diversas especulaciones en torno al caso, la magistrada presidenta pidió al Fiscal General, Johel Zelaya, que investigue a fondo tanto el caso del juez Vallecillo como otras denuncias presentadas ante la Fiscalía.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, declaró hoy en conferencia de prensa que las recientes acusaciones contra el juez Marco Antonio Vallecillo, presuntamente responsable de extorsionar a un testigo protegido, representan un duro golpe para todo el Poder Judicial.
Sin embargo, pidió al Fiscal General del Ministerio Público (MP), Johel Zelaya, que profundice en el caso del juez Vallecillo. Además, detalló que han entregado 11 denuncias a la fiscalía para que se proceda con las investigaciones pertinentes, y mencionó que al menos 19 funcionarios judiciales han sido puestos a disposición de la justicia y que se han aplicado sanciones.
La presidenta lamentó la situación y afirmó que «es muy difícil limpiar la casa», pero aseguró que se está trabajando para lograr un órgano judicial transparente. En el caso del juez Vallecillo, el MP logró la detención judicial del funcionario tras la audiencia de declaración de imputados.
La Fiscalía detalló que las investigaciones comenzaron después de que un testigo protegido denunciara un esquema de extorsión en el que Vallecillo, junto a otros implicados, presionaba con amenazas de que «la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) le presentaría un requerimiento fiscal».
El comunicado de la Fiscalía explica que los «imputados le ofrecieron al testigo la posibilidad de ser excluido del caso e incluso usaron la figura del Fiscal General para que el afectado les entregara la cantidad de tres millones de lempiras».
Finalmente, el 17 de agosto, los imputados—liderados por Vallecillo—se reunieron en una estación de servicio «en la salida al sur de Tegucigalpa para concretar la transacción ilícita». En ese momento, un equipo de apoyo estratégico, operaciones especiales y comunicaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) intervino y logró la detención en flagrancia de los involucrados y el decomiso del dinero, según detalló la Fiscalía.
Polémica
La magistrada presidenta explicó que Vallecillo se destacó en el Poder Judicial desde 2016, lo que le llevó a ser ratificado y ascendido a coordinador de los Juzgados con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.
La polémica en torno a su caso surgió después de que se relacionara una petición hecha por los diputados del partido Libertad y Refundación (Libre), Carlos Zelaya y Rafael Sarmiento, en la que solicitaban a la presidenta del Ejecutivo, Xiomara Castro, que considerara a Vallecillo para un cargo público en su gobierno, lo cual no ocurrió.
Posteriormente, sectores críticos del actual gobierno acusaron que la supuesta extorsión del juez Vallecillo y los demás imputados estaba relacionada con «el esposo de un alto funcionario del Poder Judicial», lo que generó especulaciones de que podría tratarse del cónyuge de la presidenta de la CSJ. Sin embargo, no se presentó ninguna prueba al respecto.
Como respuesta, la titular de la CSJ expresó: «Debe haber un debido proceso. Exijo al Ministerio Público que saque a la luz todo lo que tiene; si soy culpable o mi esposo, que salga a relucir, pero como sé que no es así, me siento más fortalecida».
El juez Vallecillo Banegas fue remitido a la Dirección de Fuerzas Especiales, y la audiencia inicial se agendó para el próximo viernes 23 de agosto.
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