El canciller Enrique Reina dijo a EL LIBERTADOR que tanto el Gobierno como Naciones Unidas, van “paso a paso” cumpliendo con el memorándum de instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), y que la instrucción de la presidenta Castro es que el convenio sea firmado antes del cierre de año.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Ayer, finalmente llegó al país una Comisión de Expertos de naciones Unidas (ONU), para retomar las negociaciones con el Gobierno de Xiomara Castro, respecto a la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) que, para este martes, ya ha culminado diálogos con las autoridades de los tres poderes del Estado.
En entrevista con EL LIBERTADOR, el canciller Enrique Reina compartió que las negociaciones para instalar la CICIH han avanzado “paso a paso” y se ha cumplido con cada proceso establecido entre las partes, “ya se suscribió el memorándum de entendimiento, ahora llega la misión de expertos, que es una fase que marca el mismo memorándum”.
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Reina destacó que la comitiva está a cargo de negociar el convenio base que se firmará con el Gobierno de Honduras para instalar el ente anticorrupción y, además, “viene a hacer todos los estudios necesarios desde la parte logística y operativa de lo que necesita la CICIH para su funcionamiento”.
El canciller, que ha sido seleccionado por la presidenta para estar en la Comisión de Alto Nivel del Ejecutivo, dijo que esperan avanzar lo más pronto posible y que las instrucciones de Castro es que antes de que cierre el año se debe firmar el convenio para ser enviado al Congreso Nacional y que lo ratifique.
Tras su llegada a Honduras ayer lunes a eso de las 7:00 de la mañana, los expertos de la ONU agendaron reuniones con la directiva del Congreso Nacional y la Comisión de Alto Nivel de la presidenta; hoy, ya se ha reunido con el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), completando el tridente de poderes del Estado.
De parte del Congreso, diputados de Salvador de Honduras (PSH) y Libertad y Refundación (Libre), han ofrecido una conferencia de prensa para reiterar el apoyo a la Misión de la ONU para desarticular las leyes que aprobó la dictadura como blindaje ante el rosario de casos de corrupción.
Según se ha manifestado desde lo interno del Legislativo, se debe derogar el decreto 116-2019, aprobado en coalición de los partidos Nacional, Liberal y diputados “comodines” –muchos de ellos señalados por corrupción– en octubre de 2019 que les permite recibir dineros para “obras sociales” y bloquea al Ministerio Público de investigar porque impone al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) hacer auditoria de esos fondos.
En el pasado, especialistas en derecho, han explicado a este periódico que la medida era para escudar a políticos corruptos que con dinero público han hecho campaña electoral y que el TSC puede tardarse varios años en ejecutar toda la veeduría de los dineros.
Entre otras, se ha sugerido reformas al Código Penal, a las figuras de lavado de activos y fideicomisos, y, además, se instó a varias regulaciones en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
Por otro lado, el Fiscal General, Oscar Chinchilla –que vaca de su cargo el próximo 1 de septiembre ha emitido un comunicado de prensa donde asegura que su posición es de “total e irrestricto apoyo” a que se instale la CICIH “al igual que lo sostuvo antes” con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Cabe señalar que el mecanismo internacional, según manifiestan autoridades hondureñas, será más fuerte que el aplicó Guatemala y que fue creado el 12 de diciembre de 2006 pero se instaló hasta septiembre de 2007, y es que la “CICIG” no logró incidir en el combate sistémico de la corrupción en primera instancia porque la Justicia de ese país desestimó casos y fue finiquitada en 2019.
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