Tras el amotinamiento simultáneo en cuatro centros penitenciarios, registrados el pasado sábado, la presidenta hondureña, Xiomara Castro, anunció un plan de emergencia para intervenir el sistema penitenciario que, hoy lunes, presentará a la nación los nombres de quienes estarán al mando de ejecutar acciones de saneamiento.
No obstante, especialista en Derechos Humanos, sugieren a la presidenta acatar recomendaciones de órganos internacionales que han sido engavetadas en los últimos 12 años, para evitar caer en un “populismo penal” y tratar el tema desde una urgencia de servicio integral.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El pasado fin de semana, en medio de las vacaciones de “Semana Santa”, el crimen organizado se manifestó en cuatro centros penales del país en reyertas que han dejado varios heridos y, de momento, una persona muerta.
El motín simultáneo se activó en las prisiones de “máxima seguridad” de Ilama, Santa Bárbara (El Pozo); la cárcel de Siria en El Porvenir, Francisco Morazán (El Pozo II); el centro penal de Morocelí (La Tolva), El Paraíso; y la Penitenciaria Nacional de Támara, Francisco Morazán.
Se maneja que de momento solo se registra la muerte del joven Joseth David Maldonado Ponce (21 años), quien guardaba prisión en El Pozo de Santa Bárbara; hasta esta tarde de lunes, el Instituto Nacional Penitenciario (INP) no ha informado sobre el total de heridos en estos eventos.
Videos divulgados en redes sociales evidencian que en estas reyertas, sobre todo en la de los centros de “máxima seguridad”, construidos por el régimen del Partido Nacional, se utilizó armas de fuego de mucho potencial.
En ese sentido, la presidenta hondureña, Xiomara Castro, reaccionó para condenar los acontecimientos, siendo reflexiva que si bien reconoce la labor de la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional para disminuir la tasa de homicidios, “voy a intervenir enérgicamente los Centros Penales”.
Castro recordó que tras 12 de saqueo y colusión del Gobierno con el narcotráfico, pandillas y otras células del crimen organizado público y privado, han dejado “herencia maldita” a los hondureños, afirmando que los objetivos logrados en su primer año de administración no son suficientes para reparar de forma profunda.
“Voy a poner mano dura y orden en las cárceles, hasta transformarlas en Centros Penales de rehabilitación, no en escuelas de crimen y tortura como lo que he heredado”, destacó la presidenta en su cuenta de Twitter.
Castro, fue enfática al mencionar que la intervención “será dura”, pero que dará respeto a la humanidad de los encausados y apostará por la prevención del delito. Y en ese sentido, este lunes dijo anunciaría “los nombramientos y las primeras medidas de emergencia. Lo que importa son los resultados”.
Al respecto, el abogado y especialista en materia de Derechos Humanos, Joaquín Mejía, ha recomendado a la presidenta que para evitar los errores del pasado, su Gobierno debe adoptar un compromiso por adoptar medidas que han sido entregadas al Estado desde hace más de una década.
Mejía aconsejó que la actual administración debe aplicar las 17 recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó en 2013 en un informe sobre el sistema penitenciario.
En segunda instancia, “Cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos en los casos López Álvarez Vs. Honduras y, Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras, que ordenan adecuar los centros penitenciarios a los estándares internacionales, a fin de prevenir situaciones críticas como las que sucedieron”.
Entre otros puntos de vista, el togado sugiere aprobar e implementar la propuesta de Política de Rehabilitación y Reinserción de las Personas Privadas de Libertad con Enfoque Diferenciado presentada el año pasado por el Mecanismo Nacional de Prevención (Conaprev).
“Cuarto: Cumplir con las 85 recomendaciones formuladas en el año 2010 al Estado de Honduras por parte del Subcomité Contra la Tortura de la ONU y que están dirigidas a superar las falencias estructurales que sufre el sistema penitenciario hondureño”, agregó.
Y finalmente, insta a que el Gobierno debe dejarse asesorar por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para DD.HH. (OACNUDH), “para garantizar que, con las medidas de seguridad y penitenciarias que se implementen, no se caiga en el populismo penal y de seguridad que ha caracterizado el abordaje de la violencia en el país”.
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