Esta semana el Congreso Nacional aprobó un préstamo por mil millones de dólares para inversión pública en la infraestructura de escuelas, hospitales y la represa “El Tablón” en el Valle de Sula, el proyecto no contó con el apoyo de la bancada nacionalista pese a que en los últimos ocho años, según investigación de EL LIBERTADOR, abonaron 200,000 mil millones de lempiras a la ya exagerada deuda interna y externa del país.
El doctor en economía y vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino, explicó que el superávit presupuestario que critican los nacionalistas no queda en el Gobierno actual por la exagerada deuda que contrajo la dictadura en “condiciones totalmente contrarias a los intereses del pueblo hondureño”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Con los votos en contra de la bancada del Partido Nacional, el Poder Legislativo aprobó un préstamo con el Banco Central de Honduras (BCH) para destinarlo a inversión pública en reparación de escuelas y la construcción de hospitales, y la represa “El Tablón” en el Valle de Sula al norte de Honduras.
Según lo aprobado por el Congreso Nacional, el crédito es de 1,000 millones de dólares (unos 25,000 millones de lempiras), que se pagará en un plazo de 30 años después de los cinco de gracia, con un interés del 1.9 por ciento.
Al respecto, el primer vicepresidente de ese poder y jefe de la Comisión de Finanzas y Cooperación Externa, el laureado doctor en economía, Hugo Noé Pino, justificó que esa unidad del Congreso velará para que los recursos se inviertan de la forma exacta que lo definió el Poder Ejecutivo y que además sea utilizado de forma eficiente y transparente para no repetir errores del pasado.
Aunque el doctor Pino instó a todas las bancadas para apoyar la iniciativa de préstamo, los nacionalistas dejaron clara su falta de voluntad y, de hecho, cuestionaron que el actual Gobierno es el que mayor Presupuesto General tiene en la historia.
El destacado economista respondió con catedra histórica a las críticas, sobre todo del diputado Nelson Márquez quién increpó con el lema popular “¿Dónde está el dinero?”, creado tras el derroche de dinero del régimen anterior en plena emergencia por la pandemia, haciendo mención del aumento de 50,000 millones de lempiras al presupuesto.
El doctor Pino inició diciendo que le resultaba impresionante “cómo se olvidan las cosas tan fácilmente”, y amplió que si bien se habla de un aumento presupuestario, éste se invierte en el pago del servicio de la deuda: “¿Qué dónde está ese dinero?, en los 52,000 millones de lempiras que este Gobierno tiene que pagar por la deuda que ustedes (nacionalistas) contrataron en el pasado en condiciones totalmente contrarias a los intereses del pueblo hondureño”.
A finales de 2008 –observó– la deuda de Honduras era de 3,000 millones de dólares, pero a finales de 2021 la suma superó los 15,000 millones, es decir que en los últimos ocho años hemos pagado como pueblo unos 50,000 millones de lempiras anuales sólo en el pago de deuda.
“Allí es donde está el dinero que ustedes señalan. ¿O es que se les olvidó lo que dijo el Departamento de Estado (EE.UU.), que aquí se perdía en corrupción en los gobiernos últimos 3,000 millones de dólares al año? ¿Se les ha olvidado eso?”, increpó.
Llama la atención que, según una investigación de EL LIBERTADOR, en los últimos ocho años el régimen presidido por el extraditado Juan Hernández, aprobó con sus subordinados en el Congreso, un total de 84 multimillonarios préstamos que sumaron 200,000,000,000 de lempiras a la exagerada deuda interna y externa de Honduras.
Entre el pesado paquete destaca el crédito asignado para cubrir la urgencia por la pandemia del Covid-19 y los huracanes Eta e Iota que golpearon en 2020, cuando incluso se prometió la edificación de 90 centros asistenciales, entre éstos siete hospitales especializados que, según informó el entonces secretario del Gobierno, Ebal Díaz –quien huyó a Nicaragua– venían “para después de la reactivación”.
En febrero pasado, el Gobierno de Xiomara Castro reveló que la dictadura dejó las finanzas públicas en quiebra, como alternativa declaró “emergencia fiscal” para acceder a fondos para poder “arrancar”, lo anterior ha causado disgustos en empleados del sector público, sobre todo médicos y maestros, porque se ha tenido que pagar más de 30,000 millones de lempiras en el servicio de la deuda.
VEA AQUÍ INVESTIGACIÓN EL LIBERTADOR, JULIO 2022
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