El Partido Nacional, que protagonizó una dictadura violenta y autoritaria durante 12 años, ha llamado a los sectores que le apoyaron para evitar que el gobernante Partido Libre y sectores afines, marquen la elección de la Corte Suprema y Fiscal General con el proyecto de refundación, alegando que se debe cambiar el sistema “evitándose el control político absoluto”.
Al respecto, el abogado constitucionalista, Joaquín Mejía, analiza que la reacción de los cachurecos es un acto de hipocresía y cinismo, porque en primer lugar orquestaron el golpe de Estado en 2009 y ejecutaron toda una campaña de destrucción de las leyes para imponer la Corte Suprema y Fiscal General actual, que avalaron la ilegal reelección, entre otros temas.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Este día el Partido Nacional (PN) ha emitido un comunicado donde denuncia al gobernante partido Libertad y Refundación (Libre) como una organización que “amenaza” el Estado de Derecho en Honduras y, bajo ese argumento, ha llamado a sectores que le apoyaron durante los últimos 12 años de dictadura para imponer límites en la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Fiscalía General.
El escrito, publicado a trasluz de una serie de denuncias y requerimientos por corrupción de figuras del partido, señala que tras la dictadura su institución ha quedado desgastada y que por eso el partido de izquierda se ha posicionado con una fuerza que por sí solos no podrán detener.
En medio de insólitos cuestionamientos de “autoritarismo” los “cachurecos” han rogado a los partidos Liberal (PL), Anticorrupción (PAC), Alianza Patriótica (AP) y Democracia Cristiana (DC) a formar un solo bloque en el Congreso, al igual que piden a las iglesias, organizaciones gremiales y sociedad civil que adversan al Gobierno de Xiomara Castro a unirse para hacer “balance de poder”.
El texto señala que en la elección del Fiscal General y CSJ debe imperar el interés de país y no el político partidario, reconociendo insólitamente que así les benefició a ellos en la dictadura: “Si bien ese ha sido el patrón político presente históricamente, de ahora en más, debe cambiar, evitándose el control político absoluto de ese poder por parte de los socialistas o cualquier otro partido que llegue al poder del gobierno”.
Sobre el tema, el abogado experto en derecho constitucional y gobernabilidad, Joaquín Mejía, ha dicho a EL LIBERTADOR que esta petición es una muestra de hipocresía debido a que luego del golpe de Estado en 2009, este instituto político en alianza con liberales, partidos minoritarios y otros sectores, impusieron la actual CSJ y Fiscalía General, que posteriormente avalaron ilegal reelección y demás atropello al Estado de Derecho.
“El ejemplo claro de Rolando Argueta que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia sin tener las capacidad ni la integridad moral para hacerlo y por eso tenemos los grandes problemas de impunidad en el país”, puntualiza.
Por otro lado, menciona la ilegal reelección de Óscar Chinchilla en el Ministerio Público, ya que éste ni siquiera aprobó las pruebas psicométricas ni siguió el procedimiento de la junta nominadora.
Mejía desglosa que este señalamiento también responde a una estrategia clara que los nacionalistas ya están negociando en el Congreso Nacional para recuperar terreno tras la victoria de Xiomara Castro en las urnas y el control de Luis Redondo en el parlamento.
El togado es del criterio que si ese partido tuviera voluntad política en pro de los hondureños, ya hubiera admitido la propuesta que presentó el secretario de Trasparencia y Combate a la Corrupción, Edmundo Orellana, que trata sobre un proceso riguroso de selección de la Junta Nominadora de la nueva CSJ.
Asimismo, recalca que los nacionalistas no cuentan con la autoridad moral para realizar los planteamientos expuestos: “Yo haría un llamado a la mitad de los diputados del Partido Nacional que fueron electos por primera vez y que no vienen de los vicios del pasado, no se dejen llevar por esos personajes tan oscuros”.
En los últimos meses, “grandes figuras” del partido han sido señalados por cometer crímenes de corrupción y tener nexos con el narcotráfico, uno de ellos es el exgobernante Juan Hernández que fue extraditado a Estados Unidos, país que lo acusa de traficar miles de kilos de cocaína.
Otro caso de gran connotación, es el de Ebal Díaz, quien fue mano derecha de Hernández y fungió como secretario de la presidencia, que horas antes del arresto de su amigo en febrero, huyó a Nicaragua donde fue naturalizado para evitar una eventual extradición ante posibles nexos con el tráfico de drogas o los casos de corrupción que le acusa la Fiscalía hondureña
Además, varios líderes nacionalistas aquejan “persecución”, luego que la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (uferco), presentara un requerimiento fiscal a toda una red de corrupción suscitada en el Congreso desde 2013 a 2017 y que involucra a un actual diputado “cachureco”.
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