Profesionales del derecho abordados por EL LIBERTADOR, han señalado que la inoperancia del Ministerio Público ha sido la clave para que Ebal Díaz salga bien librado de los casos de corrupción que se le imputan y de una posible extradición a Estados Unidos, ya que al ser naturalizado en Nicaragua ahora es amparado por las leyes de ese país que no tiene tratado de extradición.
Los juristas además advierten que otros “altos funcionarios” del régimen de Juan Hernández replicarán la acción de Díaz para ser intocables de la venidera CICIH y el refuerzo de Uferco, responsabilizando al Fiscal General, Óscar Chinchilla, quien puede ser procesado por tráfico de influencias, abuso de autoridad, violación a deberes de los funcionarios, omisión de persecución del delito, entre otros.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. “¡Los corruptos no tiene patria!”, así ha reaccionado este viernes la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, luego que trascendiera que el Gobierno de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega, otorgara la ciudadanía a la “mano derecha” del extraditado Juan Hernández, Ebal Díaz, quien es investigado en Honduras por varios delitos contra la administración pública.
Díaz, ya recibió un requerimiento fiscal por una investigación sobre el fallido proyecto habitacional conocido como “casas contenedor” presentado por el CNA, y recientemente autoridades del Instituto de la Propiedad (IP), aseguraron que estarán presentando ante el Ministerio Público (MP) 19 líneas de investigación por otro caso.
El exsecretario de la presidencia es señalado por abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y otros delitos de corrupción, y por su cercanía a Juan Hernández, extraditado en abril pasado por narcotráfico, también podría estar vinculado a la conspiración que busca castigar Estados Unidos.
Y es que justamente, Díaz huyó a ese país horas antes que Hernández fuera arrestado y la mañana de este viernes se ha publicado en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua, un acuerdo del Gobierno donde se aprueba otorgarle la nacionalidad.
El acuerdo menciona que el exfuncionario hondureño cumple con los requisitos y formalidades que establece la Constitución de ese país para obtener la residencia, misma que, según detalla el documento, era un deseo de Díaz adquirirla.
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El fallo resuelve de manera textual: “Ebal Jair Díaz Lupían, gozará de los derechos y las prorrogativas que las leyes le conceden y estará sometido a las obligaciones correspondientes a los nacionales nicaragüenses de conformidad a lo que establece la Constitución Política de la Republica de Nicaragua, la Ley No.671 ‘Ley general de extranjería’ y su reglamento”.
En este contexto, el abogado experto en Derecho Internacional, Graco Pérez, analizó que Ebal Díaz al ser una persona cercana a Juan Hernández, seguramente es sujeto de una investigación federal que podría resultar en su arresto y extradición, pero su estadía y ahora residencia en Nicaragua lo libra.
“Ya no respondería a Honduras sino al Gobierno de Nicaragua, primero porque se encuentra allá y porque está protegido por las leyes y segundo porque el país no tiene un acuerdo de extradición con Estados Unidos”, destacó el togado.
Asimismo mencionó que la acción de Díaz es justamente lo que buscó Hernández previo a terminar su mandato, pues sus constantes visitas a Nicaragua eran más buscando evitar su inminente destino que la colaboración entre naciones.
Pérez estudió que el refugio en el vecino país, suele ser una práctica infalible de políticos corruptos y narcotraficantes centroamericanos, ya que al no contar con tratado de extradición obtienen esa protección y, por otro lado, el fuerte ambiente de autoritarismo, funciona como un escudo más.
En ese sentido recordó que, precisamente, Díaz en nombre del Gobierno Hernández., fue comisionado del Tratado Marítimo con Nicaragua sobre el Golfo de Fonseca, donde también participó Hernández quien fue muy estrecho al régimen de Ortega.
Pérez destacó que si bien aún no hay un fallo del Estado hondureño, el tratado llama la atención porque “dos personas que están siendo acusadas negociaron ese tratado, entonces no creo que éste beneficie a Honduras”.
En tanto, el abogado David Díaz coincidió que naturalizar a Díaz como nicaragüense es un obstáculo en caso que el Gobierno de EE.UU. pida su extradición y que por los antecedentes inmediatos, no descarta que la acción del “líder religioso” sea replicada por otras “figuras” de la dictadura para no pagar el daño ante la justicia.
El destacado jurista criticó que la principal responsabilidad en este caso es de la Fiscalía del MP, “sobre todo del Fiscal General y de los fiscales que permitieron que este (Ebal Díaz) haya huido a fin de obtener esa figura para evitar la extradición”.
Apuntó que la investigación tardía del MP es el principal responsable y que por no actuar de oficio se puede procesar a las autoridades por tráfico de influencias, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, omisión del deber de perseguir el delito, todos tipificados en el Código Penal.
El abogado Díaz sugirió al Congreso Nacional que llame a Óscar Chinchilla –a quien le prepara un juicio político por inoperancia– para que de un informe sobre esa omisión gravísima contra el pueblo y el Estado: “No puede quedar impune un delito”.
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