Un mes o más podría durar el trámite para carnet de discapacitados por la precariedad heredada del Partido Nacional, así ha informado la “escasez temporal” de insumos la Secretaría de Inclusión Social a través de la Dirección de Discapacidad.
Lo anterior ha sido constatado por EL LIBERTADOR que esta mañana se apersonó a la unidad ubicada en el PANI, en el marco de un escándalo de corrupción presentado por el CNA donde se derrochó 172 millones de lempiras para satisfacer a activistas de la dictadura Hernández.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Unidad de Atención de Discapacitados del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), como es el presente de casi todas las instituciones del Gobierno, enfrenta hasta dificultades básicas para dar un servicio óptimo a los hondureños, por ejemplo, se ha pedido “categorizar” la elaboración y entrega del carnet de discapacitado.
El documento es de primera importancia para que la ciudadanía con estos problemas de salud, pueda acceder al goce de derechos que establece la “Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las personas con Discapacidad” que, entre varios beneficios, asegura el reconocimiento del paciente.
El carnet permite a su portador gozar de hasta un 25 por ciento de descuento en transporte de buses urbano e interurbano terrestre, 30 por ciento en servicios asociados marítimos y aéreos nacionales, 50 por ciento en espectáculos relacionados al teatro, cine y estadios; además un 20 por ciento en consultas médicas, intervenciones quirúrgicas y compra de medicamentos con receta médica.
El pasado 30 de marzo la nueva directora de discapacidad de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), Wendy Lizeth Aguilar, envió un memorándum informando que, “debido a la escasez temporal de inventario de ayudas técnicas, se estarán priorizando las entregas a los casos más necesarios”.
El documento apunta además que sólo se otorgarán ayudas con visto bueno de su persona, el titular de la presidenta Xiomara Castro, el titular de Sedis, José Carlos Cardona y su persona.
Esta mañana personal que labora –y que ha pedido anonimato– en esta unidad ubicada en el edificio PANI en el bulevar Los Próceres de la capital Tegucigalpa, notificó a EL LIBERTADOR que el sector con discapacidad ha estado en la penuria debido a mala praxis en la administración pública.
Para comenzar, la ubicación de la oficina no se encuentra en el edificio central del PANI, sino en un anexo que pasa inadvertido debido a la falta de rotulación y otros puntos de guía para que la ciudadanía se presente a gestionar su documentación.
EL LIBERTADOR constató que el personal labora en condiciones muy limitadas, por ejemplo, mantienen abierta la puerta porque el sistema de aire acondicionado se estropeó y no se ha enviado técnico a repararlo y, de hecho, el climatizador yace en medio de la oficina porque no hay donde guardarlo.
Con relación al trámite y entrega del documento especial, los trabajadores mencionaron que si una persona llega a gestionarlo hoy, podría entregarse hasta junio –si se tiene suerte– debido a carencia de insumos.
Además, han sugerido que es necesario ampliar los beneficios y, sobre todo, mantener y ampliar el bono que sirve como apoyo económico al sector para compras en el supermercado.
Cabe señalar que la actual Sedis, que comenzó gestión el 27 de enero con la investidura de la presidenta Castro, arrancó elaborando un análisis de los insumos de la institución y, halló de forma preliminar, que el material de apoyo (sillas de ruedas, muletas, bastones, etcétera) se estaba pudriendo en bodegas.
Un reporte de la Secretaría de Finanzas (Sefin) destacó que el régimen del Partido Nacional dejó quebrada la administración pública, por lo que los primeros meses del Gobierno Castro, no ha podido arrancar en temas integrales y, de hecho, tuvo que declarar “emergencia fiscal” para acceder a crédito internacional.
Recientemente el Congreso Nacional aprobó la reformulación del Presupuesto General de la República que asciende a 360,000 millones de lempiras, donde la educación y la salud reciben más recursos.
La semana pasada, el titular de Sedis, José Cardona, reunió a su equipo con una delegación de varias organizaciones defensoras de discapacitados, donde se reafirmó la buena voluntad del Gobierno y estas instituciones para trabajar a beneficio de la ciudadanía.
“Queremos construir y mantener una nueva relación objetiva, amistosa y de responsabilidad que permita medir el impacto que tiene la inversión y el trabajo de estas organizaciones en las vidas de las personas con discapacidad y sus familias”, dijo Cardona.
Pese a la buena disposición del Gobierno, los recursos están “atados” y justamente esa Secretaría ha entrado en el “ojo del huracán” ya que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), reveló un escándalo de corrupción durante la pasada administración del Partido Nacional.
Según el CNA, el perjuicio ascendió a los 172 millones de lempiras en el otorgamiento de 581 acuerdos de permanencia en Sedis, lo anterior ejecutado entre el 15 de noviembre y el 9 de diciembre de 2021, atentando contra la Ley de Servicio Civil y la administración del nuevo Gobierno.
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