Juan Orlando Hernández (JOH), que fungió en la presidencia de Honduras en los periodos 2014-2018 y 2018-2022 mediante el delito constitucional de la “reelección”, indicios racionales de fraude y uso de la fuerza armada, ahora se ha convertido en el primer gobernante de la región extraditado a Estados Unidos en la última década y el tercero en 33 años; antes de él fue enviado Alfonso Portillo (Guatemala 2013); no se incluye Antonio Noriega, porque éste fue secuestrado cuando EE. UU. invadió Panamá en 1989.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. En los últimos 33 años, dos presidentes centroamericanos han sido extraditados y otro secuestrado hacia Estados Unidos; el exgobernante hondureño, Juan Hernández, cuyo viaje irregular se concretará la próxima semana, será el primero de la década, tras conocerse la ratificación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ya remitió expediente a la Cancillería hondureña y sea enviado a los tribunales del norte, donde ya lo espera su grupo de abogados defensores.
De acuerdo con el número uno de la Seguridad Nacional, Ramón Sabillón, Hernández sería enviado a Estados Unidos entre el miércoles y viernes de la próxima semana, quedando pendiente definir los detalles con la DEA y la embajada de Estados Unidos; sin embargo, ciertos movimientos de los órganos armados, indican que el viaje igualmente podría darse en las próximas horas.
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En lo que se afina detalles, la Corte Suprema ha ordenado que el exgobernante siga preso en el fuerte de Comandos Especiales de la Policía Nacional, conocido como “Cobras”, en cumplimiento con lo ordenado desde el pasado 15 de febrero cuando fue arrestado en la exclusiva residencial Palmeras de San Ignacio, al sur-oriente de Tegucigalpa, que junto a Comayagüela forman la capital hondureña.
Hernández es señalado por la justicia estadounidense por conspirar para importar hasta 500,000 kilos de cocaína, además de usar o portar armas de fuego con poder bélico, entre ellas, ametralladoras y otros dispositivos destructivos, para la importación de narcóticos a territorio norteamericano.
El proceso contra el exgobernante está por cumplir dos meses el próximo viernes 15 de abril, donde su equipo legal agotó todas las medidas que indica la ley, la última de ellas un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional, que fue denegado; anoche se plasmaron las dos firmas pendientes de los magistrados de la CSJ y este miércoles el oficio ya fue traspasado a Cancillería.
En ese contexto, Hernández se convertirá en el segundo presidente centroamericano extraditado a EE.UU., en esta figura no se incluye al primero que fue enviado al norte, Antonio Noriega, conocido como el “hombre fuerte” de Panamá, siendo el jefe de Estado de 1983 hasta 1989, porque fue secuestrado de su país durante la operación de invasión por militares estadounidenses.
Noriega fue señalado por narcotráfico y lavado de activos, tras cumplir una larga condena en suelo estadounidense fue enviado en 2010 a Francia y al año siguiente fue extraditado a Panamá, donde siguió preso hasta su fallecimiento en 2017. Noriega y Hernández tienen en común que fueron capaces de traicionar a sus pueblos y sirvieron sin protesta a EE.UU. que les permitió muchos delitos y abusos de dictadores, pero al final también los condenó.
A Noriega le siguió el guatemalteco Alfonso Portillo, gobernante entre el año 2000 y 2004; fue extraditado a inicios de 2013 hacia Estados Unidos para responder ante un tribunal de New York que lo acusó de utilizar bancos estadounidenses para lavar unos 80 millones de dólares, malversados del tesoro guatemalteco durante su mandato.
La sentencia de extradición de Portillo fue firme desde agosto de 2012, cuando el Constitucional rechazó un amparo de los defensores del exmandatario, que pretendían anular un decreto firmado un año antes por el entonces presidente, Álvaro Colom, donde se autorizaba su puesta a disposición de los tribunales norteamericanos.- En mayo de 2014, el expresidente “chapín” se declaró culpable y fue condenado a seis años de prisión.
El caso de Juan Hernández apunta a que la Fiscalía neoyorquina no aceptará una negociación, según especialistas de la DEA habrá juicio que se calcula cerrará con una sentencia y condena como las que ya recibieron “El Chapo” Guzmán, el capo hondureño Geovanny Fuentes y su hermano “Tony” Hernández: cadena perpetua más 30 años de prisión.
EXTRADITADOS A SU PAÍS
El primer ex presidente en ser extraditado en América fue el venezolano Marcos Pérez Jiménez (1953-1958), quien fue enviado a su país desde Estados Unidos en 1963 por varios delitos de corrupción.- Fue puesto en libertad en 1968, fue luego elegido senador y murió en España en 2001.
También fue preso en su propio país Alberto Fujimori (1990-2000), que abandonó Perú en el 2000 con rumbo a Japón, desde donde dimitió como presidente.- Aunque hizo hasta lo imposible por no regresar, desde casarse con una japonesa hasta intentar ser candidato a presidente otra vez y competir por un puesto en el Senado japonés, no le valió de nada.- En 2007 regresó a Perú extraditado desde Chile y en 2009 fue condenado a 25 años de cárcel por crímenes contra los derechos humanos, además de recibir otras condenas por corrupción y otros delitos.
El boliviano García Meza, gobernante de facto en 1980-1981, tiene el dudoso honor de ser el primer presidente latinoamericano extraditado y el primer condenado por delitos de lesa humanidad.- Se fugó de la justicia antes de ser condenado por la Corte Suprema a 220 años de prisión y regresó extraditado a su país en 1995, un año después de haber sido detenido en Brasil.
Los otros generales de los «años de plomo» en América Latina, como el recién fallecido exdictador argentino Jorge Rafael Videla (1978-1981), se enfrentaron a peticiones de extradición de otros países pero ninguna fue aceptada, aunque algunos fueron juzgados en sus propios países y condenados.
El dictador chileno Augusto Pinochet, que gobernó Chile con mano dura de 1973 a 1990, murió en 2006 sin haber sido condenado en su país, aunque sí procesado.
Sin embargo, fue detenido en 1998 en Londres en virtud de una orden internacional de búsqueda y captura dictada por el juez español Baltasar Garzón.
El Gobierno español, al igual que los de Suiza y Francia, llegó a pedir la extradición de Pinochet, que se había arriesgado a salir de Chile para operarse pese a que había contra él cerca de 400 querellas criminales en su país y otros. Sin embargo, las autoridades británicas rechazaron esas peticiones y le dejaron libre el 2 de marzo del año 2000, exactamente 503 días después de su detención.
Por su parte, la Corte Suprema de Perú rechazó en 2012 una solicitud de Argentina para la extradición del expresidente de facto Francisco Morales Bermúdez (1975-1980) por los delitos de tortura, asociación ilícita y secuestro, como antes había hecho con una petición italiana en el mismo sentido.
El exdictador paraguayo Alfredo Stroessner (1954-1989), que vivió como asilado político en Brasil desde 1989 hasta su muerte en 2006, sorteó con éxito varias peticiones de extradición planteadas por Paraguay.
En 2004 Argentina pidió a Chile la extradición del expresidente Carlos Menem, por una causa por presuntos hechos de corrupción en la licitación para la construcción de dos cárceles, pero le fue denegada.
Lo mismo ocurrió con la solicitud de extradición del expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) y (2002-2003), que Bolivia presentó en 2008 a Estados Unidos para que respondiera de la acusación de genocidio por su presunta responsabilidad en la muerte de más de 60 personas en 2003.
Otras solicitudes de extradición que no prosperaron fueron las del venezolano Carlos Andrés Pérez, el ecuatoriano Abdala Bucaram, los guatemaltecos Jorge Serrano y más recientemente Efraín Ríos Montt, el nicaragüense Arnoldo Alemán y el haitiano Raúl Cedrás.
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