El Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, venían realizando maniobras que dejaban entrever la intención de ir frenando la solicitud de EEUU, orientada a la extradición del ex gobernante, Juan Hernández; por orden de la Corte a la Fiscalía se empezó a buscar causas de supuestos delitos que habría cometido Hernández, esto, también lo confirmó el director de Radio Globo, Héctor Amador, cuando reveló que al menos 19 delitos habrían hallado contra Hernández.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Este día, la decisión de la Corte Suprema de Justicia al negarle cambio de medidas al exgobernante, Juan Hernández, que era sacarlo de prisión preventiva al arresto domiciliario, como pidió la defensa, confirma un cambio de dirección en los altos jueces del país, pues, luego que Hernández fue capturado dejaron entrever con sus acciones de buscarle presuntos delitos, la intención de volver lento el proceso de extradición hacia Estados Unidos.
Bajo el argumento que Hernández debe responder a las justicia hondureña antes que a la de Estados Unidos, esta semana trascendió que de manera sorpresiva el Ministerio Publico (MP) está armando un expediente de 19 delitos contra Hernández, mismo que fue pedido y luego enviado a la Corte suprema de Justicia (CSJ), que dirige su viejo amigo Rolando Argueta.
En el documento donde la Corte hizo la solicitud de buscar causas que involucren a Hernández se filtró a la opinión pública, pero antes fue revelado de manera exclusiva por el director de Radio Globo, Héctor Amador, donde observó que los 19 delitos fueron interpuestos a raíz de unas supuestas denuncias realizadas contra el exmandatario entre 2015 y 2019; sin embargo, causa sorpresa porque jamás esos presuntos delitos han sido siquiera susurrados en el Ministerio Público.
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Entre esas denuncias que después de ocho años de gobierno de facto habría encontrado la fiscalía contra Hernández, se conoció que 13 son por abuso de autoridad, una por denegación de justicia, una por calumnia, una por violación a los deberes de los funcionarios, una por tráfico de drogas y dos por asesinato.
Todo apuntaba que esa acción era la estrategia de los aliados de “JOH”, es decir, el Fiscal General de República, Oscar Chinchilla y el presidente de la CSJ, Rolando Argueta, con el propósito de alargar la petición de extradición que ya solicitó la Corte Sur de Nueva York, por considerarlo “criminal de alta peligrosidad”.
Para impedir la extradición, el juez natural o ad hoc como lo llaman algunos juristas encargado de llevar el caso de extradición, Edwin Ortez, viejo amigo de Hernández, pidió a la fiscalía del Ministerio Público (MP) un informe donde especificara si el exgobernante tenía denuncias o investigaciones pendientes.
Ante esta solicitud, el fiscal Chinchilla envió una nota al juzgado de extradición de primera instancia, el 17 de febrero, donde informa que: “si existen denuncias, investigaciones o causas pendientes en contra del ciudadano JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO en este país”, cita textualmente el documento.
Es preciso recordar que el pasado 14 de febrero la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, envió un documento a la cancillería hondureña donde explica que desde 2004 hasta 2021, Hernández se asoció con más de los cinco líderes más peligrosos de los carteles de droga.
Estados Unidos respalda la solicitud de extradición de Hernández por la implicación en al menos tres delitos, tráfico de 500 mil kilogramos de droga desde el sur del continente americano hacia el norte, por vía marítima, terrestre y aérea, con la complicidad de las instituciones de justicia hondureña, entes de seguridad como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Además, lo acusa de tráfico de armas y conspiración violenta con uso de armas.
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