Por sugerencia de la Comisión de Dictamen que preside el nacionalista, Mario Pérez, el Congreso Nacional ha aprobado ampliar por cuatro años más que mientras el Tribunal de Cuentas ejecute una auditoria, los funcionarios del Gobierno saliente sean intocables para el Ministerio Público.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Hace unos instantes el Congreso Nacional ha aprobado ampliar el “pacto de impunidad” por cuatro años más, luego que la Comisión Especial de Dictamen lo declarara favorable.
El pacto se relaciona al Decreto 116-2019 que trasladó por tres años al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) la facultad para impedir una investigación del Ministerio Público (MP).
Y es que el 18 de enero de 2018 el parlamento reformó los artículos 16 y 131 de la Ley Orgánica del Presupuesto, relativos al procedimiento de liquidación de los fondos públicos recibidos y ejecutados por funcionarios, diputados y oenegés.
La reforma dice que mientras el TSC esté realizando auditorias de estos fondos no procederá ninguna acción judicial para reclamar “ningún tipo de responsabilidad, sea esta, administrativa, civil o penal”.
En este escenario, justificando que el TSC tiene una amplia carga de trabajo, la Comisión de dictamen encabezada por el “diputado lora”, Mario Alonso Pérez, pidió a la cámara legislativa ampliar por cuatro años adicionales el decreto para gozar impunidad durante el periodo del nuevo Gobierno que elegirá nueva Corte Suprema de Justicia y nuevo Fiscal General.
Esta comisión también está formada por Juan Diego Zelaya, Felicito Ávila, Mario Segura, Francisco Javier Paz, Edwar Molina, Karen Ortega, Mario Noé Villafranca, Rolando Dubón, Iveth Matute y Doris Gutiérrez, la última fue el único voto en contra a la ampliación.
Cabe señalar que estudios realizados por la Unidad de Investigaciones de la Asociación para Una Sociedad Más Justa (ASJ), indican que el TSC puede tardar hasta 10 años para determinar si en los hallazgos de una auditoría existen responsabilidades administrativas, civiles o penales.
Tras el pacto de impunidad que hoy se ha ampliado, el siguiente paso fue desarticular la Misión de Apoyo Contra la Corrupción de la OEA, acto seguido todos los casos de corrupción fueron sobreseídos, desestimados, reiniciados o cambiados para liberar a los señalados en corrupción.
El nuevo Gobierno ha planteado recuperar el apoyo internacional de ONU para instalar una comisión especial de investigación, con mayor capacidad que la anterior.
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