Previo a publicaciones de quema de casas y desalojo de pobladores asentados en Wampusirpe, la Mosquitia, EL LIBERTADOR consultó acerca del suceso al portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, y subrayó que la Fiscalía de Etnias solicitó que los grupos indígenas pusieran una denuncia, para luego proseguir con la investigación y revisar si en verdad hubo violencia, además, se dijo a este periódico que la Fiscalía del Ambiente estaba de acuerdo con el desalojo.
El portavoz de las Fuerzas Armadas, José Coello, platicó con EL LIBERTADOR para aclarar que no hubo quema de casas en el desalojo o “desmontaje” de viviendas de personas asentadas en Wampusirpe, sin embargo, desconoce cuántos son los afectados de la acción judicial, ni dónde se reubicarán, ni quiénes son o el porqué estaban en esa zona.
Por su parte, el defensor de derechos humanos, Hugo Maldonado, calificó de incorrecta la forma de sacar a los pobladores, pues, aunque estaban en una zona protegida Tawahka, merecían un trato humano, son personas con derechos y, entendiendo ese marco legal, debieron desalojarse, luego de explicarles que se fueron a vivir a un lugar inhabitable por ley.
Redacción Central / EL LIBERTADOR.
Tegucigalpa. El portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), José Coello, aseguró que el pasado 11 de agosto se realizó un operativo de “desmontaje” de estructuras de madera, es decir, las casas que fueron construidas en la reserva antropológica del valle de Kara, Wampusirpe, la Mosquitia, en la comunidad Tawahka, sin embargo, aclaró que jamás se quemó alguna y, que, el video de fuego a una vivienda que trascendió en los medios de comunicación fue confundido con “la incineración de un narco laboratorio en Colón”.
“Le puedo decir que ahí no hay casas quemadas, más bien quedamos asustados” y, señaló que no se menciona que esa acción fue ordenada por el Ministerio Público (MP), Fiscalía del Ambiente e Instituto de Conservación Forestal (ICF), además, dijo que realmente no participó las FFAA, sino que lideró el Comité Interinstitucional del Ambiente y también participó la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Nacional (PN), también con el acompañamiento de representantes de derechos humanos y de los Juzgados de Letras del departamento de Gracias a Dios.
Coello defendió a las FFAA, destacando que “el desmontaje de las estructuras de madera”, se debió a que en la Reserva Antropológica del Valle de Kara “no se permiten asentamientos humanos” y, que, “eran siete objetivos pero sólo tres fueron quitadas”, según, comentó no eran familias las removidas pero desconoce a qué sector se reubicaron estas personas que fueron sacadas de esa zona protegida.
En ese contexto, este rotativo consultó si se han realizado las mismas acciones de desalojo contra la “ganadería ilegal” denunciada por forestales y comunidades misquitas, pero Coello limitó que “eso debe hacerse mediante investigaciones del Ministerio Público, nosotros no podemos capturar ni ejecutar acciones si no tenemos una orden judicial”, justificó que “solo participamos cuando hay un dictamen, sino nos volvemos violadores de derechos humanos” y, que “nos competen temas de seguridad, no tengo el número exacto de detenidos por caza, pesca ilegal, ni de armas decomisadas”.
Al respecto, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), Hugo Maldonado, apuntó que los grupos miquitos son permanentemente asechados y “siguen siendo víctimas del abuso de autoridad”, pese a que la viviendas en esa zona pueden utilizarse de forma ilícita y se han desmantelado pistas clandestinas en esas áreas, pero reflexionó que “la dignidad humana debe respetarse”.
En las viviendas de tablas de madera vivían familias humildes, por tal razón, observó que “la ley siempre sigue picando (mordiendo) al descalzó y claro que hubo violencia”, pues se constata en los videos que recorren los medios locales y las redes sociales –Manifestó.
Para Maldonado fue sorprendente que el video fuera reciente, porque aunque consultaba nadie podía confirmárselo y, además, comentó que al parecer en el desalojo participó un integrante de derechos humanos, pero que los misquitos y demás pueblos deben estar protegidos bajo el tratado 169.
«Nosotros sí vimos un desalojo forzoso, extremo, a tal grado que a algunas viviendas les prendieron fuego, porque estaban a la orilla de la cuenca», señaló el defensor, a su vez compartió su apoyo al presidente del Consejo Territorial Pakimasta, Gustavo Cárdenas, quien se preguntó el motivo del desalojo en Wanpusirpi y, anunció, que presentará una denuncia formal.
Cabe destacar que el vocero del Ministerio Público (MP), Yuri Mora, señaló ante EL LIBERTADOR que la Fiscalía de Etnias solicitó que los grupos indígenas pusieran una denuncia, para luego proseguir con la investigación y revisar si en verdad hubo uso de violencia, por su parte, la Fiscalía del Ambiente estaba de acuerdo con el desalojo.
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