A través del Congreso Nacional (CN) la Comisión Especial en asuntos de pandemia, avaló la moción para otorgar más beneficios, ahora de libertad sin barreras en la entrada y salida de mercancía para las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), pese a todas las manifestaciones y peticiones jurídicas para desmantelar la imposición del lesivo proyecto juanorlandista.
Mientras, se hace y deshace, el Ministerio Público que dirige el fiscal Óscar Chinchilla (foto), que por ley defiende el interés de Honduras, calla, cómplice.
Redacción central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Comisión Especial para Atender Asuntos Surgidos Durante la Pandemia emitió “dictamen favorable” a la moción del secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia, Abraham Alvarenga Urbina, de reformar el artículo 2 de la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) para permitir libertad aduanera y “barreras no arancelarias” a los llamados “emiratos”.
El artículo 2 del decreto no. 32-2021 publicado el 15 de junio en Diario La Gaceta, ya modificado expone textualmente:
“Por tener la consideración de extraterritorialidad, para fines fiscales y aduaneros, a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) se les considerará Zonas Francas. Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) se consideran proyectos de interés nacional. Las autoridades aduaneras deben otorgar a las exportaciones que las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) realicen, así como las importaciones cuyo destino sea una Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), el mismo tratamiento que se otorga a la mercadería en tránsito internacional. Las importaciones y exportaciones que se realicen hacia y por las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) se consideran como operaciones que inciden en la balanza comercial del país debiendo en consecuencia quedar registrado en el sistema de aduanas las respectivas importaciones y de exportaciones”.
Asimismo, la reforma de ley de las “ciudades privadas” cuestionadas y permanentemente repudiadas por la población en general, debido a la inconstitucionalidad de su aprobación por el impulso del Partido Nacional en el Congreso Nacional (CN), faltando a la consulta popular y violentando la Constitución, señala que:
“Ninguna autoridad debe imponer a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) barreras no arancelarias para el ingreso de insumos, bienes y servicios a las mismas. Las empresas que operen en una Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) no pueden ser discriminadas en sus relaciones con entes u órganos públicos o privados. Se les debe prestar servicios o proveer de bienes en iguales condiciones a aquellas por las que les presta a otros, con la misma calidad y condiciones. Las empresas que se encuentren operando en el resto del país podrán domiciliarse en una Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) siempre y cuando continúen pagando los impuestos nacionales y municipales que han pagado hasta el momento de su cambio de domicilio. Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) pueden llegar a arreglos con los municipios donde operen para que dichos municipios puedan seguir recibiendo contribuciones y tasas dentro de los mismos. Asimismo, las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) podrán renunciar a la prestación de determinados servicios prestados por autoridades nacionales o locales. En dicho caso los servicios renunciados deberán de ser prestados por las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) a su población sin recurrir a financiamiento del Estado”.
Ante esto, debe recordarse que las ZEDE, en 2013 denominadas “Ciudades Modelo” y, ahora, señaladas por imponerse bajo las órdenes de 17 extranjeros y 4 políticos hondureños del Partido Nacional, pero impulsadas en primera instancia por Juan Hernández, han sido rechazadas, por comunidades completas, las que en su mayoría se han declarado “libres de ZEDE”, bajo cabildos abiertos.
Organismos de Sociedad Civil, diputados de oposición, académicos, universidades como máxima casa de estudios e incluso la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se han manifestado en contra o cuestionado la forma irregular en que se pretende fragmentar y hasta destruir zonas protegidas de la Mosquitia, en Gracias a Dios; La Tigra en Francisco Morazán; Roatán en Islas de la Bahía y San Marcos de Colón en Choluteca, lugares donde sus habitantes han denunciado el abuso, al obligárseles a desalojar su territorios.
Las ZEDE “Morazán”, “Orquídea”, “Mariposa”, “Próspera”, “Alpha”, cuyos nombres destacan supuestamente símbolos hondureños o palabras positivas, se han destacado por un mensaje contario, pues la misma población denuncia que temen la violencia, discriminación , abuso de autoridad y destrucción que estas “zonas privatizadas” significan para el país, empezando porque desconocen a sus dueños, que para empezar, aunque dicen ofrecerán empleos, “ni siquiera los integrantes de su Jurisdicción Especial son hondureños”, como razonó ante EL LIBERTADOR, la abogada Maribel Espinoza.
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