Las quejas y advertencias de funcionarios estadounidenses contra el gobernante hondureño, Juan Hernández, han sido repetitivas en la última década, pero sin ningún resultado tangible en el mando y rumbo del país, es más, el régimen siempre se ha puesto a las órdenes de la Casa Blanca y, a cambio, ha contado con respaldo de Washington y del Pentágono.
De nuevo, congresistas y senadores del Gobierno Biden, entre ellos, integrantes de la cámara de representantes, Jan Schakowsky y Jeff Merkley, pidieron anular el apoyo militar y policial a Honduras, debido a la poca credibilidad del Gobierno y, también, porque han visto al “presidente hondureño (Juan Hernández) implicado en el violento esquema de narcotráfico de una década”
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La congresista estadounidense, Jan Schakowsky, advirtó que suspenderán las ayudas de seguridad en Honduras debido a que el Gobierno Hernández, lo ha utilizado para asesinato de activistas en defensa de los pueblos, violación de los derechos humanos y por implicaciones “de alto nivel en narcotráfico”.
La también integrante de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos desde 1999, junto a los codirectores, Hank Johnson, Joaquín Castro, Jesús «Chuy» García, Marcy Kaptur e Ilhan Omar encabezaron a un grupo de 21 legisladores representando al compañero de la Cámara de Representantes la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Honduras del senador Jeff Merkley de 2021.
La legislación y la versión del Senado, establecen el combarte de la corrupción, la impunidad y violaciones de derechos humanos, a través del marco integral de Honduras, además, sostiene los sólidos cimientos establecidos por la Ley de Derechos Humanos de la lideresa ambientalista Berta Cáceres.
Schakowsky, explicó que “durante años Estados Unidos ha proporcionado millones de dólares en asistencia de seguridad a Honduras, y durante años hemos visto a militares y policías asesinar a activistas de derechos humanos, laborales y ambientales con impunidad”.
Seguido recalcó: “Ahora vemos al presidente hondureño implicado en el violento esquema de narcotráfico de una década. Estados Unidos debe dejar de financiar la corrupción desenfrenada y las violaciones de los derechos humanos que impiden que el pueblo hondureño construya un país seguro y próspero”.
“Es hora de que Estados Unidos deje en claro que el gobierno hondureño debe restaurar el estado de derecho, respetar y defender los derechos humanos y civiles. Hasta ese momento, debemos cesar nuestra ayuda, imponer sanciones y responsabilizar a los que están en el poder”, sentenció.
Por su parte, el integrante del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Jeff Merkley, manifestó que se cometen “abusos perturbadores de los derechos humanos y corrupción flagrante en los niveles más altos del gobierno hondureño, cobrando vidas, silenciando a los defensores de los derechos humanos y del ambiente, y obligando a las familias a huir de la persecución y la violencia. No podemos quedarnos en silencio ante esta crisis”.
Contundente Merkley agregó que “no responsabilizar al presidente hondureño Juan Orlando Hernández, a los funcionarios nacionales, miembros de la policía y el ejército, solo empeorará las cosas, al alimentar la pobreza, la violencia generalizada y obligar a más familias a buscar seguridad. Necesitamos un plan de acción integral que incluya sanciones, detener la provisión de asistencia de seguridad estadounidense y equipo de defensa a la policía y ejército”.
Entre tanto, el congresista Hank Johnson, explicó que “este proyecto de ley continúa el llamado a la justicia para los hondureños, que tanto tiempo se ha buscado y responsabiliza al presidente Juan Orlando Hernández por su participación de alto nivel en el narcotráfico”, además, señaló que “es imperativo que los militares y policías hondureños no reciban financiamiento de Estados Unidos para seguir aterrorizando a su propio pueblo”.
Firme destacó que “esta legislación, junto a la Ley de Derechos Humanos de Berta Cáceres en Honduras, envía un mensaje claro al gobierno y al pueblo de Honduras de que la violencia estatal no puede continuar impunemente” y, que, “este año se conmemoran los cinco años del asesinato de la activista Berta Cáceres, quien fue asesinada por denunciar la injusticia”, así “muchos más han sido torturados, encarcelados y asesinados por el gobierno; debemos hacerles justicia quitando fondos y desmilitarizando a las fuerzas de seguridad”.
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