Ante el incumpliendo de las Fuerzas Armadas en defender la soberanía del territorio nacional y, en cambio, permitir la imposición de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), cientos de miles de ciudadanos han presentado iniciativa de ley en el Congreso Nacional para la derogación del lesivo proyecto que entraña un delito imprescriptible de traición a la patria, según la Constitución de la República.
A esta demanda patriótica se ha sumado la diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Patricia Murillo, quien ha solicitado al Ministerio Publico (MP) que instruya un requerimiento fiscal contra el alcalde de Roatán, Jerry Hynds, por su abuso de poder y decir públicamente que pretende convertir a Roatán en un “emirato”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Ninguna apariencia física del alcalde de Roatán, Jerry Dave Hynds Julio, hace afirmar que haya nacido en linaje de inversionistas y, el nombre, sólo refleja un pasado esclavo de su árbol genealógico o una ocurrencia familiar cuando él nació en una isla que debería amar y, que, junto a su corporación, juró proteger cuando los isleños lo creyeron confiable y lo nombraron cabeza del gobierno local.
Pero de ahí a estar hablando de hipotecar a Roatán es locura que puede mandar a la cárcel a Hynds –en tan sólo unos meses— cuando el Gobierno de Honduras lo asuma un gabinete dispuesto a no permitir más violencia contra las leyes pétreas del país, que claramente afirman que los promotores de alterar el territorio nacional cometen el delito de traición a la Patria, que no prescribe y puede juzgarse en cualquier momento.
Las acciones contra estos funcionarios abusivos ya empezaron. – La diputada del partido Libertad y Refundación por el departamento de Cortés, Patricia Murillo, solicitó al Ministerio Publico (MP) que actué de oficio y abra un expediente de investigación contra el alcalde del municipio de Roatán, Jerry Hynds, por abusar de su puesto y manifestar públicamente que pretende convertir a Roatán en una Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
Mediante un documento Murillo exige al acusador de la sociedad hondureña y a la Fiscalía de Defensa de la Constitución, que de confirmar las atribuciones tomadas por el edil Hynds, sobre conspirar para desmembrar el territorio hondureño ignorando a toda la población de Roatán que se opone a la fragmentación y despojo de territorios por las ZEDE, se le dicte requerimiento por los delitos de alta traición a la patria y, además, por abuso de sus funciones.
La diputada ha realizado esta petición a raíz de que asegura que el alcalde Hynds, manifestó que convertir esta ciudad en una ZEDE permitirá obtener beneficios que una alcaldía no podría adquirir. No obstante, parece que “el señor inversionista” de Roatán, olvida una de las máximas básicas de la administración pública: “Ningún funcionario tiene más atribuciones que las que explícitamente le confiere la ley”.
“Si no estamos apegados a una ZEDE o una empresa es difícil competir, y estamos analizando para que Roatán no pierda su oportunidad y quede en desventaja, nosotros tomaremos una decisión a ver adónde se va ir esto, no podemos perder el tiempo, hay varias ZEDE según entiendo que están ofreciendo beneficios que las alcaldías no pueden competir”, señala el escrito.
Además, menciona que el edil expresó que ante situaciones de esta magnitud, se necesita ser activos como eje de inversión y “no dejar que nos coman el mandado”, a su vez, Murillo asegura que Hynds o cualquier otro alcalde que tenga una postura abierta en cuanto a este proyecto, tiene como principal objetivo un puesto en el Comité de Mejores Prácticas (Camp), cargo que supondría tener la máxima autoridad en estos espacios, esto porque “pretendería quedarse a perpetuidad en ese cargo ilegal, impuesto bajo la actual dictadura”, destaca la congresista.
La congresista Murillo reitera que la Ley Orgánica de las ZEDE es inconstitucional y, por ende, en un auténtico Estado de derecho no tiene ninguna vigencia según lo establecido en el artículo 298 de la Constitución de la República, que reza:
“En el ejercicio de sus funciones privativas y siempre que no contraríen las leyes, las corporaciones municipales serán independientes de los Poderes del Estado, responderán ante los tribunales de justicia por los abusos que cometan individual o de forma colectiva, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa”.
A la acción de la diputada, se ha sumado que cientos de miles de ciudadanos, más de 200 mil, han presentado en calidad de iniciativa de ley en el Congreso Nacional, demandando la derogación del lesivo proyecto de las ZEDE que promociona el Gobierno Hernández y que entraña un delito consignado en la Constitución de la República.
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