“La lucha por el respeto de nuestros derechos culturales y territoriales ancestrales no se detiene, aun ante los ataques de racismo y odio. Por eso hemos creado el Comité para el Cumplimiento de las Sentencias del Pueblo Garífuna”, sentenció la coordinadora de Ofraneh, Miriam Miranda.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La defensora de derechos humanos y coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda, informó que las comunidades del pueblo garífuna anunciaron la creación del “Comité para el Cumplimiento de las Sentencias del Pueblo Garífuna”, tras una asamblea realizada entre el 25 y 28 de marzo de 2026 en Vallecito.
El encuentro reunió principalmente a comunidades que cuentan con sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Honduras, por violaciones a los derechos del pueblo garífuna. Entre los casos destacan Triunfo de la Cruz, Punta Piedra, San Juan y Cayos Cochinos.
“Como resultado de este encuentro, las comunidades hemos tomado la decisión histórica de integrar el ‘Comité de Cumplimiento de las Sentencias del Pueblo Garífuna’, con el objetivo de articular esfuerzos colectivos para exigir el cumplimiento integral de las sentencias emitidas a nuestro favor, así como dar seguimiento al caso de la comunidad de Travesía y garantizar la no repetición de estas violaciones en otras comunidades garífunas”, cita la publicación.
Las organizaciones denunciaron que varias de las sentencias acumulan más de una década sin cumplirse, lo que —afirman— ha derivado en graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo persecución, criminalización, desapariciones forzadas y ataques contra defensores del territorio.
En ese contexto, anunciaron acciones inmediatas y sostenidas como movilizaciones, plantones y otras formas de protesta pacífica para presionar por el cumplimiento de las resoluciones de la Corte.
De igual manera, manifestaron inquietud por la intervención de varias organizaciones, incluyendo Rare (organización ecologista), con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y el Instituto Hondureño de Turismo (IHT), entre otras, subrayando que “han estado operando en la región mediante proyectos que, en lugar de consolidar los derechos colectivos, intentan mantener a las comunidades divididas”.
Las comunidades señalaron que el incumplimiento de estas sentencias representa una violación constante de los derechos humanos y de las obligaciones internacionales del Estado, que debe restituir el territorio ancestral tomado por empresas privadas y actores externos.
Sin embargo, los garífunas han denunciado de forma constante el avance de megaproyectos turísticos, la criminalización de líderes comunitarios e intentos de desalojos en sus territorios.
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