El abogado especialista en criminología, Gonzalo Sánchez, ha dicho a EL LIBERTADOR que “por ley” las autoridades nuevas del Estado, deben ejecutar su estrategia de Seguridad al mes de iniciada la gestión; esto no ha ocurrido en el Gobierno de Nasry Asfura que, en el primer trimestre del año –abarcando dos meses desde su ascenso–, ya lidia con una escalada en homicidios.
Y, es que, entre enero y marzo de 2025, Honduras registró un total de 532 homicidios y en el mismo período de este 2026 ya presenta 28 casos más, es decir, se ha ejecutado a 560 hondureños, 6.2 cada día de este año solo tomando datos oficiales.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La escalada de violencia del primer trimestre de 2026, ha desnudado las falencias del “nuevo” Gobierno que asumió el mando del país el 27 de enero reciente, a más de dos meses de iniciar, no hay signos vitales del plan que prometía atender la seguridad del Estado como “un asunto de vida”.
En lo que va del año, Honduras reporta –según la Policía Nacional– 560 homicidios, 28 casos más que el mismo período de 2025 (532) y que significa un aumento del cinco por ciento; lo anterior luego de que entre 2022 y enero 2026, los datos de ese flagelo fueran en constante reducción, incidiendo para que la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes pasara de 41.7 en 2021 a 23.2 al cierre del año pasado.
En su plan de gobierno, el presidente Nasry Asfura promete alta prioridad a los asuntos de seguridad desde los enfoques de prevención social, investigación criminal, antiextorsión, control territorial y gobernabilidad; no obstante, desconoció los resultados de la administración anterior con el estado de excepción, afirmando que “se debe confiar en las instituciones del país”.
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Del dicho al hecho, hay un abismo. A la fecha, el único “gran operativo” que ha montado la actual administración, está centrado para la protección de veraneantes en este feriado de “Semana Santa”.
El panorama es complejo y, al criterio del abogado especialista en criminología, Gonzalo Sánchez, se debe valorar que la gestión de Asfura “viene comenzando”; sin embargo, no ve que esto sea una excusa justificable a partir de dos puntos: los buenos resultados que logró el mandato de Xiomara Castro y el conocimiento que la inseguridad en el país es un problema estructural.
“No se puede negar, se ha incrementado la ola de homicidios. En la administración anterior la Secretaría de Seguridad hizo un trabajo muy bueno, ahora yo atribuyo que el Gobierno viene comenzando, pero no es una excusa”, recalcó.
El experto opinó que, en estos casos, las estrategias en aspectos clave como la seguridad deben formarse o ejecutarse al mes de iniciado el período, entendiéndose que ese lapso es la transición entre uno y otro gobierno y, en el caso actual, “ya vamos a más de dos meses y la realidad es que se han elevado los índices de homicidios en el país”.
“Criticar es fácil, creo que en materia hay que dar directrices u opinar en asuntos de seguridad, por ejemplo, pienso que debe incrementar muchísimo los operativos y patrullajes a pie, pues aquí solo en carro pasa la Policía”, reflexionó.
De acuerdo con el Observatorio del Crimen de EL LIBERTADOR (OCEL), en 2025 se logró una reducción considerable de la actividad homicida, 358 casos menos que 2024 y 1,610 eventos menos que el registro de 2021 (3,942 homicidios) siendo el último año de la dictadura de Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Estados Unidos, indultado por el actual presidente, Donald Trump.
La cifra pudo haber sido mucho menor al cierre del año pasado, basado en las tendencias de OCEL, empero, el contexto electoral influyó para un repunte que, según el experto criminólogo, se debe al movimiento de personas para actividades partidarias y al antagonismo entre partidos por la alta polarización, sobre todo entre el bipartidismo (Partido Nacional y Liberal) y el progresista Libertad y Refundación (Libre).
Sánchez insistió que, a pesar de las críticas contra el estado de excepción que aplicó la gestión de Castro, “no se puede negar que ayudó muchísimo”, y meditó que si hubo descontento en la población es porque se esperó “los mismos resultados que se dieron en El Salvador”, a pesar que la estrategia fue muy diferente.
“Pero esto ya no es culpa de la Policía o la Secretaría de Seguridad. El problema de la delincuencia en Honduras es un problema social, asociado al desempleo, la pobreza, las crisis en salud y educación. O sea, hay una serie de problemas que conducen a esos índices de violencia”, lamentó Sánchez.
El togado fue enfático que un problema asociado a la violencia también vincula al Poder Judicial y al mismo desinterés de la sociedad por utilizar las herramientas de denuncias formales, citando que en fecha reciente la Policía interrumpió el asalto a una unidad de transporte.
Tras la detención “primaria” los oficiales notificaron que era necesario llevar la denuncia desde una estación, pero una vez los afectados recuperaron sus pertenencias nadie quiso llevar el proceso, “digamos que de suerte el sujeto portaba armas y fue procesado por el porte ilegal que es un delito contra la administración pública”, sentenció.
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