Organizaciones nacionales e internacionales condenaron la figura de juicio político ejecutada por el Congreso Nacional, al considerar que está siendo instrumentalizada para debilitar la independencia de otros poderes del Estado.
Advirtieron que la aplicación de estos procesos en condiciones contrarias a los estándares democráticos y de derechos humanos no solo vulnera el debido proceso, sino que podría facilitar la concentración de poder.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Diversas organizaciones nacionales e internacionales manifestaron su preocupación por la activación en el Congreso Nacional de procesos de juicio político contra altos funcionarios del sistema de justicia y del ámbito electoral, señalando que esta figura estaría siendo utilizada de forma indebida en un contexto de alta polarización política.
Según los pronunciamientos, el juicio político promovido contra el fiscal general Johel Zelaya se desarrolló de manera expedita, concluyendo con su destitución y el nombramiento inmediato de Pablo Emilio Reyes en el cargo.
Asimismo, indicaron que también se impulsó un proceso contra la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, quien optó por renunciar a la titularidad del principal órgano de justicia del país, aunque se mantiene como magistrada.
“Las organizaciones alertamos que la implementación del juicio político en Honduras se está realizando de forma incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos y en un contexto de alta polarización institucional debido al reciente cambio de gobierno”, destacaron.
Las organizaciones también señalaron que el juicio político es un mecanismo constitucional de control político que faculta al Legislativo para investigar y eventualmente sancionar a altas autoridades del Estado por conductas vinculadas al ejercicio de sus funciones.
Sin embargo, subrayaron que este tipo de procedimientos tiene naturaleza sancionatoria, por lo que debe garantizar el debido proceso, la legalidad, la independencia judicial y el acceso a recursos efectivos.
“Su utilización en condiciones contrarias a estos estándares no solo debilita la institucionalidad democrática al facilitar una eventual estrategia de concentración del poder, sino que puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado”, manifestaron.
Citaron jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluyendo casos como Gutiérrez Navas vs. Honduras y otros fallos regionales, en los que se establece que la destitución de funcionarios sin causales claras ni garantías procesales constituye una violación grave al Estado de derecho.
“Resulta preocupante que Honduras recurra a este tipo de mecanismos cuando ya ha sido condenada por la Corte IDH en el caso Gutiérrez Navas y mantiene obligaciones internacionales pendientes de cumplimiento, entre ellas la adecuación de su legislación interna de enjuiciamientos políticos a los estándares interamericanos”, indicaron.
Las organizaciones también alertaron que el uso del juicio político podría derivar en una “desviación de poder”, es decir, su utilización con fines distintos a los establecidos constitucionalmente, particularmente cuando se orienta a remover autoridades del sistema de justicia o de órganos electorales.
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