El Congreso aprobó la Ley de Empleo Temporal o Parcial, fuertemente cuestionada por diversos sectores, a pesar de que la comisión encargada de su estudio concluyó que respeta las conquistas sociales.
Desde Libertad y Refundación (Libre) manifestaron su rechazo al tratarse de una normativa que no es una reforma técnica, sino una ley que “pretende institucionalizar la precarización laboral”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. En medio del ruido mediático que generó la destitución del fiscal general Johel Zelaya y la renuncia a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia por parte de la magistrada Rebeca Ráquel Obando, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Empleo Temporal o Parcial.
La nueva normativa reemplaza la Ley de Empleo por Hora, aprobada durante el gobierno de Juan Orlando Hernández y derogada en la administración de Xiomara Castro (2022-2026), al considerarse que violentaba las conquistas sociales y derechos laborales.
La comisión del Congreso encargada de su estudio concluyó que la ley no pretende precarizar el empleo, como apuntan sectores sindicales, sino formalizar trabajos que ya existen en la informalidad, garantizando derechos como salario proporcional, seguridad social, vacaciones, décimo tercer y cuarto mes, entre otros.
El proyecto establece que el trabajo parcial será entre 18 y 32 horas semanales, con contrato obligatorio por escrito, controles antifraude y prohibiciones para evitar abusos, como dividir jornadas completas en varios contratos parciales o reducir derechos laborales.
Además, la ley asegura principios como igualdad, no discriminación, irrenunciabilidad de derechos y proporcionalidad, y es compatible con la Constitución, el Código del Trabajo y convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En contraste, diputados de Libertad y Refundación (Libre) expresaron su condena a la normativa. Para el legislador Hugo Noé Pino, “la ley, lejos de ampliar los derechos, los reduce; no estamos frente a una simple reforma técnica, sino ante una modificación estructural que pretende institucionalizar la precarización laboral”.
Por otro lado, el diputado Marco Ramiro Lobo señaló que “la normativa no garantiza estabilidad laboral ni un salario digno, generando incertidumbre económica para las familias y favoreciendo principalmente a los empleadores. Este tipo de leyes promueve la precarización del empleo y afecta especialmente a los sectores más vulnerables”.
Asimismo, el extitular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Christian Duarte, recordó que la Ley de Empleo por Hora “duplicó el empleo precario entre 2009 y 2021, recortó salarios y pulverizó la estabilidad laboral”, y criticó que “la realidad no se puede esconder: gobiernan para enriquecer a unos pocos a costa del bienestar del pueblo”.
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