El abogado y experto en derechos humanos, Joaquín Mejía, cuestionó que el juicio político aplicado por el Congreso para destituir al fiscal general, sin reformas conforme a estándares internacionales, violenta la Constitución y expone al Estado a una eventual condena.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El abogado y experto en derechos humanos, Joaquín Mejía, se refirió a la figura de juicio político con la que el Congreso Nacional destituyó al fiscal general Johel Zelaya, cuestionando que el mecanismo no cumple los estándares internacionales y podría acarrear una demanda contra el Estado de Honduras.
Según Mejía, el Congreso Nacional de Honduras activó el juicio político sin reformar previamente esta figura para adecuarla a los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en el caso Gutiérrez Navas vs. Honduras y otras resoluciones relevantes.
“Esto implica que el Congreso Nacional estaría violentando el artículo 15 de la Constitución de la República, que establece que las sentencias internacionales son de cumplimiento obligatorio para Honduras, y abre la puerta a una nueva demanda y posible condena internacional”, expresó.
El experto también denunció que diputados y algunas organizaciones de sociedad civil han adelantado públicamente el resultado del juicio político, lo que, a su criterio, evidencia que el proceso carece de imparcialidad. Señaló que estas declaraciones podrían convertirse en pruebas a favor de Zelaya, presentando material probatorio para demostrar la naturaleza partidista en instancias nacionales e internacionales, replicando patrones ya sancionados por la Corte IDH.
Asimismo, el abogado consideró previsible que el fiscal relevado recurra a instancias internacionales, lo que podría derivar en nuevas sanciones económicas para el país.
“Las indemnizaciones no las pagarán los diputados que hoy abusan del juicio político, sino el pueblo hondureño con nuestros impuestos. Lo más irónico es que en este Congreso hay diputados impunes responsables de decisiones que ya han provocado o pueden provocar demandas millonarias contra el Estado, como las ZEDE o la destitución arbitraria de los magistrados de la Sala de lo Constitucional en 2012”, destacó.
El abogado criticó además la narrativa del bipartidismo que justifica el juicio político como un mecanismo para fortalecer la institucionalidad. A su juicio, aplicar esta figura sin adecuarla a estándares interamericanos profundiza el deterioro institucional y podría responder a intereses políticos para sustituir a Zelaya por una figura afín.
“Si realmente quisieran fortalecer la institucionalidad, lo primero sería reformar la figura del juicio político cumpliendo con la sentencia Gutiérrez Navas y otras sentencias de la Corte Interamericana para evitar una posible demanda internacional contra el Estado”, afirmó.
En ese contexto, sostuvo que, si se concreta la destitución, el Congreso debería optar por la abogada Jenny Gabriela Almendares Flores, quien obtuvo la calificación más alta en el proceso de selección con un 95.55 % y, según indicó, cuenta con trayectoria reconocida e independencia.
“Veremos cuántos diputados que se llenan la boca hablando de ‘fortalecer el Ministerio Público’ votan por la abogada Almendares, cuya independencia garantiza que no le temblará el pulso para investigar a los corruptos sin importar el partido político al que pertenecen”, puntualizó.
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