“Concédanme la posibilidad, tal como lo establece la ley, de defenderme en el pleno del Congreso”, retó el consejero Marlon Ochoa al presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, para exponer, en el marco del juicio político en su contra, “cómo se declaró un presidente que no fue electo por los votos del pueblo”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El representante del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, lanzó un reto directo al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, para que le permita ejercer su derecho a defensa durante el juicio político que, según el consejero, iniciaría formalidades a partir del próximo lunes.
En conferencia de prensa, Ochoa pidió que se respete lo establecido en la ley especial de juicio político, solicitando comparecer ante el pleno legislativo para exponer su versión de los hechos y las denuncias que ha venido realizando.
“Concedanme la posibilidad, tal como lo establece la ley sobre juicio político, de irme a defender durante cuatro horas al pleno del Congreso. Vamos a demostrar cómo se declaró un presidente que no fue electo por los votos del pueblo”, afirmó Ochoa.
El consejero aseguró que el proceso en su contra ya tiene fecha definida y que responde a una decisión previamente tomada por las autoridades del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo, en medio de un contexto de alta tensión política.
Ochoa sostuvo que el trasfondo del juicio político no está relacionado con la defensa de la institucionalidad democrática, sino con represalias por sus denuncias sobre irregularidades en el proceso electoral de 2025.
“No tiene absolutamente nada que ver con sentar un precedente para defender la democracia, sino que tiene todo que ver con que yo fui la única voz que denunció cómo se ejecutó una conspiración criminal en las elecciones de 2025”, afirmó.
En ese sentido, detalló una serie de fallas técnicas y decisiones internas dentro del CNE que, a su criterio, permitieron manipular los resultados electorales y afectar la voluntad popular expresada en las urnas.
Explicó que el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) presentó debilidades críticas, advirtiendo que incluso se habría modificado su código fuente sin la debida autorización del pleno del órgano electoral.
“Se modificó sin autorización del Consejo Nacional Electoral el código fuente del sistema, lo que no nos permite confirmar que los resultados contenidos corresponden a las actas de cierre”, denunció.
Asimismo, señaló que decisiones como la eliminación de controles entre el registro biométrico y las actas electorales habrían facilitado inconsistencias significativas en miles de juntas receptoras de votos.
“Se decidió eliminar el cruce entre la cantidad de electores en el dispositivo biométrico y el acta, lo que permitió que miles de actas fueran sumadas sin coincidencia en los datos”, explicó Ochoa.
El consejero también cuestionó la transparencia en la divulgación de resultados, indicando que miles de actas fueron publicadas días después de la elección y que otras se presentaron con valores en cero pese a contar con información.
“Más de 16 mil actas se recibieron la noche de la elección, pero fueron publicadas hasta varios días después, y más de 4 mil actas se divulgaron en cero, pese a que sí tenían resultados”, aseguró.
Además, denunció que se realizaron declaratorias oficiales sin haber contabilizado la totalidad de las actas, lo que, a su juicio, vulneró lo establecido en la ley electoral y distorsionó los resultados finales.
“Se pretendió hacer una declaratoria ignorando más de 200 impugnaciones y sin contar más de 1,800 actas en corporación municipal y más de 2,600 en diputados”, afirmó Ochoa.
Finalmente, reiteró que utilizará el espacio del juicio político para exponer lo que considera un fraude estructural, insistiendo en que su permanencia en el CNE representa una amenaza para quienes, según él, participaron en dichas irregularidades.
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