CAMPESINOS DE HONDURAS PROTESTAN CONTRA LEY QUE PRETENDE PRIVATIZAR TIERRAS

Organizaciones campesinas se pronunciaron en contra del anteproyecto denominado Ley de Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial de Honduras, impulsado por el Partido Nacional, al considerar que pretende trasladar tierras agrícolas a zonas industriales, favoreciendo a empresarios.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Diversas organizaciones campesinas se movilizaron este martes en los bajos del Congreso Nacional para rechazar el anteproyecto denominado Ley de Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial de Honduras, impulsado por el Partido Nacional, que presuntamente abriría la puerta para que las tierras agrícolas pasen a manos del sector agroindustrial.

Los manifestantes calificaron la iniciativa como “un ataque institucional violento” contra las luchas históricas por la tierra y señalaron que vulnera la Constitución de la República y tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el país.

En entrevista con EL LIBERTADOR, el representante de la Plataforma Agraria del Aguán y de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), Yoni Rivas, explicó que la iniciativa fue presentada por el diputado Erick José Alvarado.

“Con este proyecto de ley pretenden excluir al sector campesino. Es contradictorio con el artículo 60 de la Constitución de la República, que establece que en este país no hay grupos privilegiados. Si se aprueba una ley que busca proteger exclusivamente a un sector, se está violentando ese artículo”, expresó.

Rivas agregó que la propuesta otorgaría “protección absoluta” a la agroindustria y contravendría los artículos 344, 347 y 350 de la Carta Magna, al priorizar monocultivos sobre la seguridad alimentaria. “El Estado debe orientar la producción para garantizar la alimentación del país, no para concentrarla en sectores industriales”, subrayó.

Asimismo, cuestionó que el mismo legislador haya promovido otro proyecto orientado a concesionar carreteras construidas en el gobierno anterior. “El pueblo hondureño debe analizar las políticas que se intentan aprobar, porque ninguna es beneficiosa para las mayorías; están devolviendo favores a los empresarios”, afirmó.

Rivas también denunció que el proyecto no ha sido consultado con comunidades campesinas ni pueblos indígenas, lo que a su juicio contraviene el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), generando una grave crisis en el sector agropecuario y afectando la seguridad alimentaria nacional.

En la protesta estuvo el exsubdirector del Instituto Nacional Agrario (INA), Rafael Alegría, quien afirmó que el agro hondureño ha atravesado tres momentos críticos. El primero ocurrió en 1992, con la Ley de Modernización Agrícola impulsada por el gobierno de Rafael Leonardo Calleja, que debilitó la reforma agraria.

El segundo momento, agregó Alegría, se registró durante la administración de Juan Orlando Hernández, cuando —según su valoración— el desarrollo del país fue entregado a las Fuerzas Armadas. Ahora, cuestiona el anteproyecto que propone trasladar tierras agrícolas al sector agroindustrial.

Alegría sostuvo que la producción de maíz, arroz, frijoles, hortalizas y aves de corral recae principalmente en campesinos y pueblos indígenas, por lo que consideró inadmisible transferir esa responsabilidad al sector privado.

Representantes de la Alianza Campesina, Indígena y Popular de Honduras (ACAINPH), entre ellos Raúl Ramírez, pidieron al Congreso no aprobar la iniciativa. “Lo que pretende hacer este gobierno es centralizar la economía en pocas manos… y empobrecer al pueblo”, afirmó.

Ramírez cuestionó que la agroindustria reclame propiedad sobre tierras campesinas. “A ellos no les pertenece ni una cuarta de tierra, porque el agroindustrial debe trabajar su industria, no la tierra”, dijo, defendiendo que la producción agrícola corresponde históricamente al campesinado.

El dirigente advirtió que, si la ley se aprueba, las organizaciones defenderán sus territorios. “Podrán aprobarla, pero es injusta, ilegal y anticonstitucional. Nuestra defensa será en la calle y en la tierra”, afirmó, asegurando que el sector campesino mantendrá movilizaciones permanentes.

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