El exgerente de la ENEE, Erick Tejada, advirtió que trasladar a la Secretaría de Infraestructura y Transporte la ejecución de la represa “El Tablón” implicaría regresar al sitio de presa contemplado en estudios desfasados de 2017, lo que duplicaría el impacto social, retrasaría el proyecto y afectaría a casi 800 familias en el Valle de Sula.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El gobierno de Nasry Asfura aprobó el PCM-004-2026, mediante el cual entrega a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) la ejecución del proyecto de la represa multipropósito “El Tablón”.
En el artículo 11 del decreto se dispone la adscripción de la obra, que actualmente se encuentra en su etapa I, para que sea desarrollada por esa dependencia estatal.
Cabe recordar que durante la administración de la presidenta Xiomara Castro el proyecto era socializado y gestionado por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), según lo establecido en el PCM 03-2023.
En ese decreto se justificó la contratación directa para la construcción de la hidroeléctrica, argumentando la alta vulnerabilidad del país frente al cambio climático, particularmente tras los daños ocasionados por los huracanes Eta e Iota en noviembre de 2020, que dejaron pérdidas aproximadas de 44 mil millones de lempiras y perjuicios estimados en 600 millones de lempiras.
De acuerdo con estudios preliminares, el costo del proyecto oscila entre 180 y 210 millones de dólares.
Al respecto, el exgerente de la ENEE, Erick Tejada, manifestó que trasladar la ejecución del proyecto a la SIT representaría un atraso descomunal para la culminación de la represa multipropósito El Tablón.
“Al haber cambio en el órgano ejecutor, eso prácticamente cierra el proceso de licitación que estaba en marcha antes de ser detenido y llevado a cabo por la ENEE”, señaló.
Asimismo, advirtió que el cambio de órgano ejecutor implicaría que el crédito aprobado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) deba someterse nuevamente a aprobación del directorio del banco.
Además, cuestionó que la SIT no cuenta con personal capacitado en gestión social y ambiental, lo que, afirmó, abriría paso a una tercerización total del proceso.
“La información que tenemos es que se pretende regresar al sitio de presa original de estudios viejos, incompletos y desfasados del 2017. Un error monumental, ya que incrementaría la afectación social y ambiental. De 400 a casi 800 familias serían las afectadas en Quimistán, San Marcos y La Ceibita”, expresó.
Asimismo, destacó que la firma Lombardi realizó estudios en los que se analizaron siete sitios de presa y 216 alternativas, los cuales —aseguró— constituyen los estudios más completos desarrollados para un proyecto hidroeléctrico en Honduras.
“Ante la pretensión del nuevo gobierno de beneficiar a grupos particulares y abortar el proceso licitatorio internacional, lo cual sería un retroceso brutal en la concreción del proyecto, la obsesión de ‘la Racha’ de borrar a Libre va a perjudicar a millones de personas en el Valle de Sula”, puntualizó.
Deja un Comentario