El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos denunció que el juez que conoce el caso por explotación ilegal de recursos naturales en Tocoa, en el que está involucrado el empresario Lenir Pérez, no ha realizado la audiencia de declaración de imputado y ha postergado el proceso, permitiendo que continúe en libertad.
Asimismo, señaló que la Corte Suprema de Justicia ha guardado silencio frente a estas decisiones, lo que, a criterio de la organización, favorece a la élite económica y política del país y la convierte en cómplice de una presunta red de impunidad en beneficio del empresario.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) se pronunció ante la decisión del juzgado competente de reprogramar para el 27 de marzo de 2026 la audiencia de declaración de imputado contra el empresario Lenir Pérez, acusado por los delitos de explotación ilegal de recursos naturales y daños agravados en perjuicio del medio ambiente.
En un comunicado, la organización cuestionó duramente al Poder Judicial por la dilación del proceso.
“El sistema judicial de Honduras le ha fallado nuevamente al pueblo. El mismo juez que levantó la orden de captura y la alerta migratoria contra Lenir Pérez bajo la excusa de agilizar el proceso y evitar la mora judicial, hoy premia al imputado con dos meses más de libertad e impunidad absoluta”, expresó el comité.
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Sostuvo que la suspensión responde a la conveniencia de la defensa del empresario y del Grupo EMCO, y denunció una supuesta “complicidad institucional”, al señalar el ascenso del juez anterior y el silencio de la Corte Suprema de Justicia como elementos que, a su juicio, evidencian que el caso estaría siendo manipulado desde “las altas esferas del poder político y económico”.
Asimismo, advirtió que mientras el proceso judicial se dilata, el Parque Nacional Carlos Escaleras continúa afectado y los ríos Guapinol y San Pedro siguen bajo amenaza por actividades extractivas.
“La impunidad que existe en el caso es el permiso para seguir destruyendo la montaña. ¡Basta de burlarse de Tocoa! Exigimos que el Poder Judicial cese su servilismo ante los intereses de los herederos del régimen de Juan Orlando Hernández. La justicia que tarda no es justicia, es impunidad orquestada”, señaló la organización.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, Pérez es el único de los trece acusados que permanece prófugo desde 2021 por su presunta participación en un conflicto medioambiental que afecta al municipio de Tocoa, departamento de Colón.
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Las otras doce personas imputadas, entre ellas funcionarios de la Alcaldía Municipal de Tocoa y miembros del consejo de administración de Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek, han comparecido ante los tribunales.
El comité recordó que en 2017 y 2022 denunció que representantes de Inversiones Los Pinares, en supuesta complicidad con funcionarios del gobierno de Hernández —incluido el exdirector del Instituto Nacional Agrario, Ramón Lara Bueso, y la excandidata a diputada del Partido Libre, Ilsa Lorena Torres—, habrían obtenido de manera irregular tierras destinadas a la reforma agraria.
Parte de estos terrenos fueron utilizados para desarrollar un proyecto minero que, según la organización, provocó graves daños ambientales en la zona.
Según registros citados por el comité, Allan Edgardo Escobar Navarro adquirió dichas tierras al Instituto Nacional Agrario por 686,657 lempiras y, seis meses después, las vendió a Inversiones Los Pinares por 22.1 millones de lempiras.
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