Luego que el Congreso Nacional aprobó en primer debate una ley orientada a eliminar los poderes administrativos absolutos de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Ramón Barrios sostuvo que trasladar estas facultades al pleno de magistrados responde más un “reacomodo” interno que una transformación sustancial.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El pleno del Congreso Nacional aprobó en primer debate una ley que elimina los poderes administrativos absolutos de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y los traslada al pleno de magistrados. Para el reconocido abogado constitucionalista y exdiputado Ramón Barrios, esta medida no se trata de un avance en la eficiencia judicial, sino de un movimiento estrictamente político.
“Esta es una ley que data de principios de la década pasada, 2010-2012. Fue el Partido Nacional el que trasladó esos poderes administrativos a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. El antecedente más cercano lo encontramos en la presidencia del exmagistrado Rolando Argueta, quien también concentraba esos poderes administrativos sin compartirlos con el pleno”, explicó Barrios a EL LIBERTADOR.
El abogado destacó que, durante la gestión de Argueta, tanto el Congreso Nacional como el Poder Ejecutivo estaban bajo control del Partido Nacional, lo que permitía centralizar la administración judicial sin resistencia. “Entonces, aquí, más que hablar de beneficios, de lo que se debe hablar es de la nueva dinámica política del control político que quieren tener el Partido Nacional y el Liberal”, apuntó.
Para el profesional del derecho, esta nueva ley se trata de un movimiento político del bipartidismo que busca recuperar un control que perdió al asumir el gobierno del Partido Libertad y Refundación (Libre) entre 2022 y 2026. Barrios recordó que, en teoría, la administración judicial debería estar a cargo del Consejo Nacional de la Judicatura, aunque la experiencia histórica ha demostrado lo contrario. “Al politizarse, resultó un total fracaso en la experiencia hondureña”.
Según Barrios, actualmente la ley se encuentra en su segundo debate y se espera su aprobación definitiva entre lunes y martes de la próxima semana y, desde su criterio, se va a aprobar esta nueva ley. “Es simplemente un equilibrio de fuerzas políticas al interior de la CSJ, dirigida y aprobada desde la mayoría que tiene el bipartidismo en el Congreso Nacional de la República”, sentenció.
Y concluyó: “De los 15 magistrados, nueve pertenecen al bipartidismo. Trasladar el control administrativo del presidente de la Corte al pleno significa simplemente ajustar el poder al interior de un tribunal que, aunque electo bajo la presidencia de Luis Redondo, en realidad está dominado por magistrados afines al bipartidismo”.
Deja un Comentario