En medio de la barrida de empleados públicos que impulsa el gobierno de Nasry Asfura en distintas instituciones, el procurador Dagoberto Aspra advirtió que ninguna institución pública podrá contratar a personas que tengan demandas pendientes contra el Estado.
Ante esta situación, el exdirector del Instituto Nacional de Migración (INM), Wilson Paz, señaló que la Constitución de la República y la legislación laboral hondureña establecen de manera clara los derechos de los trabajadores y los procedimientos que deben seguirse en caso de despido
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. En medio de la depuración de empleados públicos que impulsa el gobierno de Nasry Asfura en distintas instituciones, el procurador de la República, Dagoberto Aspra, advirtió que ninguna institución podrá contratar personas con demandas pendientes contra el Estado.
“Esta conferencia de prensa tiene como objetivo enviar un mensaje a todas las personas que integran la administración pública: no contraten a quienes tengan demandas pendientes contra el Estado de Honduras. De hacerlo, deberán retirarlos y el titular que omita ese requisito será sancionado”, expresó.
Aspra anunció además la elaboración de un nuevo manual por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), que establecerá los procedimientos obligatorios en los despidos de empleados públicos, con el fin de evitar futuras demandas que generen perjuicios económicos al Estado.
El documento incluirá requisitos y pasos para garantizar que las separaciones laborales se realicen conforme a la ley. “Recuerden que existen despidos justificados, con responsabilidad y sin responsabilidad del patrono”, explicó. El incumplimiento del manual conllevará la deducción de responsabilidad civil contra el funcionario que provoque un daño patrimonial al Estado.
Según el procurador, el objetivo es que las separaciones se realicen bajo causales legítimas que exoneren de responsabilidad al Estado. En caso contrario, deberán pagarse las prestaciones y derechos laborales correspondientes, para evitar litigios posteriores.
Ante esta situación, el exdirector del Instituto Nacional de Migración (INM), Wilson Paz, recordó que la Constitución y la legislación laboral hondureña —como la Ley del Servicio Civil y el Código del Trabajo— establecen claramente los derechos de los trabajadores y los procedimientos que deben seguirse en caso de despido.
“Lamentablemente están apelando a una estrategia de despidos masivos para remover a personas vinculadas al Partido Libertad y Refundación (Libre). Cada partido llega con compromisos políticos, pero la forma en que se hacen las cosas es muy importante, y la ley establece cómo deben realizarse”, señaló en entrevista con EL LIBERTADOR.
Paz denunció traslados irregulares y cancelaciones de contratos basadas en interpretaciones incorrectas de la normativa, como la exigencia de que ciertos contratos sean aprobados por el Congreso, lo cual calificó de práctica errónea y abusiva.
Recomendó a los empleados públicos mantenerse en sus puestos, cumplir con sus funciones y contar con asesoría legal especializada. Además, sugirió que, en caso de impedimentos para ingresar a su lugar de trabajo, documenten la situación mediante actas notariales o quejas ante organismos de derechos humanos.
“Cada caso es distinto; lo importante es que los empleados tengan la asesoría correcta para no abandonar su puesto de trabajo”, concluyó.
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