La canciller Mireya Agüero reconoció que el mandatario Nasry Asfura no habló sobre la extensión del TPS con el presidente Donald Trump. Además, sostuvo que los hondureños amparados debieron haber buscado un mecanismo de legalización permanente y reprochó que “nunca fue algo destinado a perdurar”.
En tanto, el exvicecanciller, Gerardo Torres, calificó el encuentro como una reunión casi privada que no dejó resultados concretos para Honduras mientras los problemas estructurales de los migrantes hondureños siguen sin atención real.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Alrededor de 50,000 hondureños quedaron excluidos del Estatus de Protección Temporal (TPS) luego de que una Corte pusiera en pausa la decisión de un Tribunal de California que había declarado ilegal la forma en que el Gobierno estadounidense, liderado por Donald Trump, canceló el mecanismo sin justificar debidamente su decisión.
Lo anterior no constituye un fallo definitivo sobre el fondo del caso; sin embargo, la nueva resolución reactiva el proceso para la posible cancelación total del estatus y abre la posibilidad de que la disputa continúe en otras instancias judiciales, incluyendo una eventual llegada a la Corte Suprema de Estados Unidos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras reconoció —en un extenso comunicado— el impacto humano, familiar y social que provoca la reactivación del proceso de cancelación del TPS, un mecanismo que durante más de 26 años permitió a los hondureños vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos bajo estrictos requisitos.
Entre las acciones anunciadas figuran la coordinación de la red consular con academia y organizaciones especializadas para brindar orientación jurídica confiable, así como la conformación de un comité interinstitucional que atenderá de forma diferenciada cada caso.
Además, la canciller hondureña, Mireya Agüero, afirmó que la decisión de la administración estadounidense “era un hecho” y, al ser un beneficio temporal, sostuvo que los hondureños amparados debieron haber buscado un mecanismo de legalización permanente y reprochó que “nunca fue algo destinado a perdurar”.
Aunque el TPS fue un tema de campaña tanto del Partido Nacional como del Liberal contra Libertad y Refundación (Libre) —entonces en gobierno—, asegurando que lograrían arreglos con EE.UU. para su extensión, la canciller manifestó que en la reciente reunión entre el presidente Nasry Asfura y su homólogo Donald Trump no se abordó el tema y, por el contrario, se logró un acuerdo sobre deportaciones.
CRÍTICAS
El exvicencanciller Gerardo Torres cuestionó esta visita, realizada en Mar-a-Lago, residencia personal de Trump, y no en la Casa Blanca, donde suelen efectuarse los encuentros diplomáticos. “La pregunta es ¿Para qué fue la reunión? ¿Cuáles son los temas que le interesan a Honduras en relación con Estados Unidos?”, cuestionó.
Torres señaló que la visita de Asfura careció de carácter oficial, pues no hubo agenda pública ni se abordaron temas de Estado, por lo que la calificó como un encuentro casi privado que no dejó resultados concretos para Honduras.
Agregó que el principal interés hondureño debía ser la situación de más de 50,000 compatriotas afectados por el TPS, pero advirtió que la política migratoria de Trump es expulsar a los migrantes, sin atender consideraciones humanitarias ni geopolíticas.
Por ello, sostuvo, ni siquiera gobiernos considerados cercanos a Trump, como El Salvador o Argentina, lograron concesiones concretas en temas migratorios, arancelarios o de cooperación, lo que refuerza que Honduras difícilmente obtendrá tratos preferenciales bajo esa administración.
En ese sentido, concluyó que la reunión en Mar-a-Lago solo alimenta expectativas infundadas en la población, mientras los problemas estructurales de los migrantes hondureños siguen sin atención real ni soluciones diplomáticas efectivas.
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