El abogado laboralista David Díaz alertó que una circular de la Corte Suprema ordena frenar la ejecución provisional de sentencias apeladas, beneficiando a patronos y al Estado, mientras miles de trabajadores quedan sin acceso real a sus derechos reconocidos en primera instancia.
Según Díaz, esta medida busca favorecer a los empleadores o patrones, como históricamente lo ha hecho la Corte, en detrimento de la parte más débil: los trabajadores.
Redacción Central / EL LIBERADOR
Tegucigalpa. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió la Circular No. 01-2026, instruyendo a todos los jueces y magistrados laborales del país a abstenerse de ejecutar provisionalmente las sentencias de primera instancia cuando estas se encuentren apeladas con efecto suspensivo.
En otras palabras, se suspende temporalmente el cumplimiento de ciertos fallos laborales mientras son revisados por una instancia superior, con el fin de evitar que se ejecuten decisiones que aún pueden modificarse.
La medida ha generado alarma entre sectores laborales, que advierten un impacto directo sobre el acceso real a la justicia para los trabajadores.
Para el abogado experto en derecho laboral, David Díaz, esta decisión beneficia directamente a los patronos y al Estado, dejando en indefensión a miles de trabajadores que, pese a haber ganado en primera instancia, deberán esperar para ver cumplidos sus derechos.
“La Corte explicó que el proceso inicia en primera instancia, continúa en segunda y culmina en la Sala Laboral de la CSJ. Solo entonces se ejecuta la sentencia. Cualquier persona, sea servidor público o particular, que se niegue a obedecer la ejecución comete el delito de desobediencia y puede ser penada y multada”, expresó.
Díaz agregó que históricamente la CSJ ha favorecido a los poderes fácticos en detrimento de los trabajadores, y advirtió que esta medida afectará especialmente a quienes dependen económicamente de una sentencia ya ganada.
“La no ejecución perjudicaría, porque ese es un derecho plenamente establecido de acuerdo con los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, la Constitución de la República, el Código del Trabajo y demás leyes laborales vigentes”, señaló.
El jurista explicó que el Código del Trabajo fue creado para compensar la desigualdad entre trabajador y patrón, protegiendo al más débil. Por ello, indicó que la circular viola este principio, incentivando a los empleadores a apelar sistemáticamente incluso sin fundamentos sólidos, con el efecto de agotar al trabajador y aumentar los costos de los procesos.
“Histórica y lastimosamente, el gobierno de Honduras, manejado por los mandaderos de las clases oligárquicas, siempre ha perjudicado a los trabajadores, y no nos extraña que este gobierno haga lo mismo”, destacó.
Subrayó que una sentencia definitiva puede tardar años, y algunos empresarios podrían incluso abandonar el país, dejando insuficientes bienes para cumplir con las prestaciones laborales.
Además, denunció que la Secretaría de Finanzas emitió un oficio a la CSJ indicando que no cumplirá presupuestariamente con la ejecución de sentencias laborales, incluso si estas ya están firmes. “Es algo inaudito e increíble que un funcionario público anuncie que va a cometer el delito de desobediencia al incumplir una sentencia judicial”, puntualizó.
Díaz calificó esta acción como la segunda circular que impacta directamente en los trabajadores, en un contexto donde la jurisdicción laboral ha mantenido históricamente moras en el conocimiento y ejecución de expedientes y sentencias.
Además, recordó que la administración de Nasry Asfura, mediante la Circular 008-2026 de la Administración Nacional de Servicio Civil (ANSEC), se ordenó la anulación automática de contratos en el sector público más allá del 27 de enero de 2026, sin reconocer derechos laborales adquiridos.
“Ciertos funcionarios del nuevo gobierno amenazan a una gran masa de trabajadores contratados durante el gobierno anterior, buscando desconocer sus derechos laborales, constitucionales y legales”, advirtió Díaz.
El abogado denunció un hecho sin precedentes: la Secretaría de Finanzas emitió un oficio a la CSJ indicando que no cumplirá presupuestariamente con la ejecución de sentencias laborales, incluso si estas ya están firmes. “Es algo inaudito e increíble que un funcionario público diga que va a cometer el delito de desobediencia al incumplir la ejecución de una sentencia judicial”, puntualizó.
Deja un Comentario