Las más de 400 paquetes de sanciones de EE. UU. a Venezuela ocasionaron una crisis humanitaria en el país sudamericano a finales de la pasada década, que se tradujo en una migración masiva de venezolanos.
Y, a pesar del cambio político en Venezuela, a las empresas que pretenden invertir se les resulta difícil debido a las sanciones que aún están en vigor, bloqueando la evaluación de las oportunidades existentes en esa nación, según un artículo publicado por el diario estadounidense NY Times.
Agencias / EL LIBERTADOR
El presidente Donald Trump intenta abrir Venezuela a la inversión privada extranjera mientras Estados Unidos mantiene un férreo control político, económico y legal sobre el país. Esa doble estrategia ha generado contradicciones profundas que hoy desalientan a potenciales inversionistas, ha dicho The New York Times en un articulo titulado: Las sanciones aún complican las inversiones de EE. UU. en Venezuela
El Times detalla que, desde que fuerzas estadounidenses destituyeron a Nicolás Maduro, los planes de reactivar la industria petrolera venezolana chocan con un obstáculo central: Washington no ha levantado las sanciones económicas. Para las empresas, el escenario combina oportunidades teóricas con riesgos legales concretos y difíciles de calcular.
Un análisis del Departamento del Tesoro citado por el medio estadounidense señala que Venezuela está sujeta a “más de 400 restricciones”, muchas de ellas dirigidas contra la petrolera estatal y antiguos funcionarios. Estas medidas siguen vigentes pese al cambio político reciente.
Las sanciones son tan amplias que incluso recopilar información técnica resulta problemático. Un ejecutivo que participó en una reunión en la Casa Blanca expresó temor de que “solicitar dicha información a la compañía petrolera estatal pudiera violar las sanciones”, según el diario.
Actualmente, cualquier empresa interesada debe solicitar exenciones especiales —licencias— al Departamento del Tesoro. El problema es que estos permisos son temporales, pueden tardar meses en aprobarse y “pueden retirarse en cualquier momento”, lo que incrementa la incertidumbre empresarial.
Dawson Law, exfuncionario del Tesoro, advirtió que esa inestabilidad es incompatible con inversiones energéticas de largo plazo. “Esa incertidumbre es especialmente preocupante para las inversiones petroleras que podrían tardar décadas en dar sus frutos”, afirmó al Times.
Aunque el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció que se suavizarían las restricciones a las ventas de crudo, el propio medio subraya que “comerciar con petróleo es muy distinto de producirlo”, y que el marco sancionatorio estructural permanece intacto.
Las sanciones actuales se remontan a 2015, cuando Barack Obama penalizó a funcionarios acusados de abusos de derechos humanos. Posteriormente, durante el primer mandato de Trump, se ampliaron a sectores clave como el petróleo y las finanzas.
El objetivo declarado era presionar al régimen de Maduro para frenar prácticas antidemocráticas. Sin embargo, The New York Times recuerda que la estrategia “aplastó la economía venezolana y provocó una crisis humanitaria” de grandes dimensiones.
En 2025, la política se endureció aún más cuando Washington declaró al Cártel de los Soles como “terrorista global especialmente designado”, vinculándolo directamente con Maduro y con redes criminales transnacionales como el Tren de Aragua.
Esa designación eleva los riesgos legales para las empresas. A diferencia de sanciones convencionales, permite tratar incluso tratos indirectos como apoyo al terrorismo, lo que implica “penas de prisión en lugar de multas”, detalla el reportaje.
Un memorando del bufete Skadden advierte que “realizar o facilitar a sabiendas una transacción en nombre de un cártel designado” puede derivar en responsabilidad penal, incluso bajo “ceguera deliberada o indiferencia deliberada”.
Casos previos refuerzan el temor empresarial. Lafarge pagó 778 millones de dólares tras admitir pagos a grupos terroristas, mientras Kodiak Gas Services alertó que su filial mexicana pudo haber realizado pagos a personas ligadas a un cártel designado.
Emily Kilcrease, investigadora del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense, explica que en jurisdicciones altamente sancionadas suele haber “cumplimiento excesivo”, porque las multinacionales “no quieren acercarse a la línea” del riesgo legal.
El Times concluye que, incluso cuando caen gobiernos hostiles y se alivian sanciones, la inversión no llega de inmediato. “La gente seguía sin apresurarse a hacer negocios”, dijo Daniel Tannebaum, subrayando que “no hay antecedentes de éxito” para la estrategia actual.
Con información de: Rebecca F. Elliott cubre temas de energía para el Times.
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