Expertos consultados por EL LIBERTADOR advierten que la crisis institucional en Honduras es resultado de fraudes reiterados y violaciones a la Constitución. En ese sentido, plantean un nuevo contrato social mediante una asamblea constituyente para recuperar la confianza ciudadana y el respeto al Estado de Derecho.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Expertos en materia legislativa consultados por EL LIBERTADOR coincidieron en que Honduras enfrenta una violación sistemática de sus principales leyes por parte de la clase política desde hace años, situación que —según señalaron— se evidencia en cada proceso electoral, donde el fraude termina imponiéndose sobre la voluntad del soberano.
En este contexto, el abogado constitucionalista Omar Menjívar afirmó que, ante la gravedad de la crisis institucional, el país debe aspirar a un nuevo contrato social en el ámbito jurídico. Esto implica la construcción de una nueva Constitución elaborada de forma incluyente por todos los sectores de la sociedad, y no definida —como históricamente ha ocurrido— por las cúpulas de poder político y económico.
Menjívar sostuvo que el golpe de Estado de 2009 y los reiterados fraudes electorales han saturado y quebrado el contrato social vigente, por lo que considera urgente avanzar hacia la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que redacte una nueva carta magna orientada a modernizar el Estado y su marco jurídico. “Debe ser un proceso genuino que nazca desde abajo, donde el pueblo proponga a los representantes que quiere que integren la Asamblea Nacional Constituyente”, expresó, subrayando la necesidad de garantizar una participación ciudadana real y no tutelada por intereses partidarios.
Este planteamiento también implica un cambio profundo en la forma en que Honduras elige a sus autoridades. El exrepresentante del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), Marco Ramiro Lobo, afirmó que el sistema electoral actual está completamente agotado, por lo que insistió en la necesidad de una nueva Ley Electoral. “La nueva Ley Electoral debe contemplar la separación del desarrollo de los procesos electorales, un tema que ha avanzado significativamente en América Latina y que permitiría modernizar el sistema, especialmente en materia de escrutinio y transmisión de resultados”, señaló.
Lobo añadió que, para garantizar la aplicación efectiva de esta nueva normativa, es indispensable establecer pilares sólidos dentro del marco legal. En ese sentido, consideró necesario modificar la conformación de los organismos electorales en todos sus niveles: desde las Juntas Receptoras de Votos (JRV), pasando por los consejos municipales y departamentales, hasta el organismo superior encargado de dirigir los comicios. “La ley debe contemplar una nueva conformación de los organismos electorales, con mayor participación ciudadana en todas las etapas del proceso, a fin de reducir la influencia partidaria y fortalecer la confianza pública”, enfatizó.
Asimismo, destacó la necesidad de adoptar un mecanismo similar para las JRV. “Solo Honduras mantiene un sistema basado en representantes de partidos políticos; en la mayoría de países de América Latina y Centroamérica existen mesas ciudadanas donde los miembros son seleccionados al azar y se aplican incentivos para promover su participación”, explicó.
Por su parte, el analista político Héctor Soto consideró que, ante la falta de transparencia en las elecciones generales de 2025, Honduras debe implementar la segunda vuelta electoral. Recordó que desde 2018 la Organización de Estados Americanos (OEA) recomendó que, en escenarios de elecciones cerradas, solo compitan los candidatos más votados. “En muy poco tiempo hemos tenido elecciones cerradas y con una fuerte sensación de fraude por parte del Partido Nacional”, afirmó.
Soto señaló que a los partidos políticos no les interesa la segunda vuelta porque, bajo el modelo actual, quien obtiene más votos en la primera ronda se queda con todo. “Con una segunda vuelta, los partidos deben negociar, ceder espacios y otorgar poder a otras fuerzas para obtener los votos necesarios. Este mecanismo, común en países como Colombia y Chile, obliga a construir alianzas y consensos”, explicó.
El analista añadió que la segunda vuelta podría reducir los conflictos poselectorales y aumentar la confianza ciudadana en los resultados. “Disminuiría la sensación de fraude y la percepción de opacidad y agresividad de los partidos. Además, obligaría a los dos más votados a moverse hacia el centro, en lugar de los extremos, como ocurre actualmente”, concluyó.
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