El gobierno encabezado por Nasry Asfura manifestó su intención de “achicar el Estado”, una medida que incluiría el cierre de al menos 37 instituciones públicas. Según analistas consultados, esta propuesta podría abrir la puerta a un reordenamiento de la burocracia según conveniencias políticas, así como a un mayor riesgo de privatización, despidos selectivos y prácticas de corrupción.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El presidente electo por el Consejo Nacional Electoral (CNE), Nasry Asfura, anunció su intención de ejecutar un “achicamiento del gobierno”, una medida que incluiría el cierre o fusión de entidades públicas y programas vinculados a la administración estatal y al desarrollo social.
Para el abogado constitucionalista Rodil Rivera, esta propuesta no es nueva ni aislada, sino que responde a una visión ideológica asociada a sectores de derecha y extrema derecha, cuyos postulados promueven la reducción del tamaño del Estado y una mínima intervención gubernamental en la vida económica y social del país.
Según explicó, estos gobiernos suelen sostener que la actividad económica debe quedar en manos de la libre empresa y que el Estado debe ser lo más pequeño posible. “Sería lógico pensar que en Honduras va a pasar lo mismo, dada la identificación ideológica del gobierno y de quienes están en el poder”, afirmó.
No obstante, Rivera expresó dudas sobre la viabilidad real de un recorte masivo del aparato estatal, tomando en cuenta el peso del clientelismo político en países pequeños y subdesarrollados como Honduras.
“Tengo serias dudas de que el Partido Nacional vaya a despedir tantos empleados como lo insinúa. Si despiden, creo que serán sustituidos por nacionalistas. Podría ser solo una manera de sacar a quienes llegaron con Libre y poner nacionalistas, como ha ocurrido históricamente”, señaló.
El jurista advirtió que decisiones de este tipo afectan directamente a la población, especialmente en un país donde el Estado se ha convertido —por falta de desarrollo— en el principal generador de empleo. “La gente no encuentra trabajo en la empresa privada ni en otras fuentes, y termina buscando empleo en la estructura burocrática. Esa es la realidad de los países subdesarrollados como el nuestro”, explicó.
Desde su perspectiva, la estructura institucional del país debe entenderse como una oportunidad para crear más fuentes de empleo mediante inversión estatal, privada y mixta, y no únicamente como un gasto a reducir.
Rivera también alertó sobre los riesgos institucionales y sociales del cierre o privatización de empresas públicas, en particular de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), a la que considera estratégica para el desarrollo nacional. Advirtió que una privatización total del sector eléctrico —como la impulsada durante el gobierno de Juan Orlando Hernández— podría incrementar el costo de la energía, afectando tanto a los hogares como al aparato productivo.
Finalmente, cuestionó que el discurso oficial se centre en reducir el tamaño del Estado sin priorizar la lucha contra la corrupción. “Creo que aquí viene de nuevo corrupción. ¿Por qué? Porque este es un gobierno de derecha neoliberal, y el neoliberalismo marcha con la corrupción. Cuando se quiere privatizar todo, es donde hay mayor campo para la corrupción”, afirmó.
Por su parte, el abogado constitucionalista Luis Romero explicó que, desde el punto de vista jurídico, el Congreso Nacional (CN) tiene las atribuciones necesarias para modificar la estructura administrativa del Estado, siempre que se respeten los procedimientos legales.
Al referirse a los límites constitucionales para reducir la administración pública, especialmente en instituciones vinculadas a derechos sociales, Romero aclaró que todo depende del origen legal de cada entidad. “Si la institución implica una reforma constitucional, requiere un procedimiento especial. Pero si no está establecida en la Constitución y funciona bajo una ley orgánica o un Decreto Ejecutivo PCM, entonces no existe conflicto jurídico”, precisó.
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