La ENEE cerró la gestión gubernamental con una revalorización histórica de sus activos, reducción de tarifas eléctricas, renegociación de contratos y una baja sostenida en las pérdidas del sistema, pese a una pesada deuda heredada. Su gerente, Erick Tejada, defendió el carácter público de la empresa y advirtió contra intentos de privatización.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) cerró el actual período gubernamental con una revalorización histórica de sus activos, reducción de tarifas, renegociación de contratos y una baja real en las pérdidas eléctricas, según informó su gerente, Erick Tejada, durante una comparecencia pública la mañana de este lunes.
Tejada recordó que el punto de partida fue la aprobación de la Reforma Energética en mayo de 2022, cuando el sector se encontraba “en emergencia, en crisis, caótico”. La ley, explicó, permitió desmontar el modelo de liberalización heredado y devolver al Estado el control del despacho eléctrico.
Uno de los impactos inmediatos fue la reducción del cargo fijo por potencia, que bajó de 1,039 a 878 lempiras. “Solo esa decisión significó un ahorro de 1,820 millones de lempiras para el Estado en cuatro años”, detalló el funcionario, al referirse a medidas estructurales que incidieron directamente en la tarifa final.
En materia social, destacó la política de subsidios a hogares con consumo menor a 150 kilovatios hora. “En promedio, 900 mil familias no pagaron energía eléctrica mes a mes”, afirmó. En cuatro años, el Estado destinó 17,750 millones de lempiras en subsidios, de los cuales 10,500 millones fueron para contener la tarifa.
La tarifa eléctrica, según los datos presentados, pasó de 6.39 lempiras por kilovatio hora en 2021 a 4.61 lempiras al cierre de la gestión. “Eso representa una reducción cercana al 28% y hoy la energía residencial es más barata que en El Salvador y Guatemala”, subrayó Tejada.
Otro eje fue la renegociación de contratos con generadores. Se firmaron 18 adendas que permiten ahorrar 2,200 millones de lempiras anuales y hasta 30,000 millones durante la vigencia contractual. “Sacar plantas base del mercado de oportunidad tuvo un impacto brutal en la bajada de la tarifa”, explicó.
Sobre la ENEE, el gerente aseguró que la empresa fue recibida con un valor contable de apenas 9,725 millones de lempiras. Tras un proceso técnico de revalorización, los activos reales alcanzaron los 90,000 millones y, con nuevas inversiones, el valor final asciende a 116,000 millones de lempiras.
En reducción de pérdidas, Tejada rechazó versiones que atribuyen un aumento a la actual administración. “Cuando tomamos control, las pérdidas eran 37.44%; hoy cerramos en 34.21%”, afirmó. De no haberse intervenido, advirtió, estas habrían superado el 40%.
La salida de EEH fue otro punto clave. El contrato, diseñado para reducir pérdidas, costó al Estado 23,000 millones de lempiras y dejó un aumento de seis puntos porcentuales. “Tenemos penalizaciones por más de 700 millones de lempiras”, señaló el funcionario.
En cuanto a deuda, la ENEE heredó compromisos cercanos a 100,000 millones de lempiras. Tejada planteó como tarea pendiente un reperfilamiento internacional. “Se necesita un período de gracia de cuatro o cinco años para dejar de pagar 7,000 millones anuales solo en intereses”, sostuvo.
El informe también contextualiza que, tras el golpe de Estado, las pérdidas de la ENEE registraron un incremento relativo del 16.34 %, mientras que la deuda total de la estatal eléctrica se disparó en 772 %, pasando de 12,767 millones de lempiras durante el gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009) a 98,567 millones en los gobiernos del Partido Nacional (2010-2022), y alcanzando 108,365 millones en el periodo actual, reflejando el peso de pasivos heredados y decisiones estructurales acumuladas.
Asimismo, se destacan proyectos estratégicos en desarrollo, como el sistema de almacenamiento de energía, las represas multipropósito El Tablon, y Moralica III, la línea de transmisión El Negrito- Reguleta – Yoro y la construcción de la nueva subestación El Sitio, que apuntan a garantizar soberanía energética y desarrollo sostenible.
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