El exgobernante Juan Orlando Hernández (JOH) admitió que se arrepiente de no haber blindado el tratado de extradición con Estados Unidos, la misma normativa que impulsó en 2012 y que posteriormente derivó en su encarcelamiento por narcotráfico en una Corte de Nueva York.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El exgobernante Juan Orlando Hernández se refirió a la posibilidad de regresar a Honduras luego del indulto que le otorgó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Las declaraciones fueron brindadas durante una entrevista concedida al medio de comunicación Hable Como Habla (HCH), este viernes.
Con relación a un eventual ingreso al país, Hernández afirmó que antes de su juicio solicitó una reunión con el juez Kevin Castel, a quien le manifestó que tenía en su poder un informe del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en el que se advertía sobre “amenazas” contra su vida y la de su familia.
“Me han aconsejado, no solamente de aquí y de Estados Unidos, sino también gente en Honduras, que esperemos a que las condiciones se den. Con respecto a los temas judiciales, aquí todo el mundo tiene clara la utilización del sistema judicial como arma política en Honduras. Yo no necesito hablar ni con el presidente electo ni con nadie más, sino enfrentar, como lo enfrenté en Estados Unidos”, afirmó.
En ese escenario, el fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, ordenó a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) emitir una orden de captura contra Hernández, en el marco de las investigaciones del Caso Pandora II, que lo vinculan con presuntas estructuras de corrupción de alto nivel.
De forma paralela, Zelaya solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) activar una orden de captura internacional, con el propósito de impedir cualquier intento de evasión de la justicia y asegurar la detención del exmandatario ante posibles movimientos fuera del país.
Sobre este proceso judicial, Hernández señaló: “existe un caso en la Corte Suprema de Justicia donde también involucraron a otro expresidente; mis abogados ya lo están tratando y lo que toca enfrentar, hay que enfrentarlo”, destacó.
El Caso Pandora II involucra presuntas irregularidades financieras y actos de corrupción cometidos durante la gestión de Hernández, expediente en el que también figura el expresidente Porfirio “Pepe” Lobo Sosa (2010-2014).
Extradición abierta
Hernández manifestó que se arrepiente de no haber condicionado el tratado de extradición con Estados Unidos cuando impulsó su aprobación en 2012, en ese entonces presidente del Congreso Nacional.
“Honduras necesita una ley que desarrolle los procesos porque quedó tan abierto que se presta a abusos. Todos los demás países del mundo tienen una ley tipo, que desarrolló Naciones Unidas, y entonces tampoco podemos permitir que se preste a abusos”, expresó Hernández.
El exmandatario aseguró además que fiscales de los Estados Unidos le habrían manifestado que el tratado de extradición hondureño es uno de los más abiertos existentes, lo que —según su versión— facilita interpretaciones discrecionales en su aplicación.
En ese contexto, Hernández sostuvo que su extradición fue utilizada como arma política, responsabilizando a sectores de izquierda de promover lo que calificó como una “cacería de brujas” para sacarlo del país.
Narcotráfico blindado
El exconvicto señaló que, en su primer gobierno que inició en 2014, el exfiscal general Óscar Chinchilla le propuso desmontar la unidad contra el narcotráfico para que pasara expresamente al Ministerio Público.
“Chinchilla me dijo: presidente, ¿por qué no desmonta el Consejo de Lucha contra el Narcotráfico y todo eso lo absorbemos como Ministerio Público? Y le digo, bueno, perfecto, háganlo ustedes; hicimos la reforma”, expresó.
Cabe destacar que el Consejo de Lucha contra el Narcotráfico funcionó desde el gobierno de Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), integrado por parte del gabinete de ese entonces.
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